Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que se convirtió en símbolo de las reivindicaciones por el derecho a la vivienda en España, falleció este miércoles 7 de octubre en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. La noticia fue confirmada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, organización que acompañó su caso durante los últimos meses. Abascal permanecía hospitalizada desde el 23 de septiembre, cuando fue desalojada de la vivienda donde había residido durante aproximadamente siete décadas.
María del Carmen Abascal, conocida públicamente como Maricarmen, había vivido durante unos 70 años en un apartamento del distrito madrileño de Retiro. El 23 de septiembre de 2026, una orden judicial permitió ejecutar el desahucio después de varios años de conflicto relacionado con el inmueble. La mujer fue retirada de su vivienda en camilla y trasladada posteriormente al Hospital Gregorio Marañón debido a su delicado estado de salud. Su salida provocó una amplia movilización de organizaciones y ciudadanos.
El caso había adquirido especial notoriedad porque Maricarmen llevaba años intentando permanecer en la vivienda. Según las informaciones publicadas, había pagado regularmente un alquiler de renta antigua y sus facturas, mientras el inmueble había cambiado de propietario. En los últimos años enfrentó diferentes procedimientos para abandonar el apartamento. Su situación se convirtió en uno de los casos más visibles de la discusión española sobre alquileres, desahucios y protección de personas mayores en condiciones de vulnerabilidad habitacional.
Tras el desalojo, Maricarmen permaneció ingresada y alcanzó a enviar mensajes desde el hospital para agradecer el respaldo recibido. Durante esas semanas, su situación generó nuevas movilizaciones y concentraciones, especialmente en Madrid. El Sindicato de Inquilinas destacó su actitud durante el proceso y recordó su llamado a mantener la movilización en defensa del derecho a la vivienda. Su figura pasó así de ser el centro de un conflicto particular a representar públicamente las demandas de numerosos colectivos afectados por dificultades para acceder o conservar una vivienda.
La presión social consiguió además que la empresa propietaria aceptara negociar una nueva fórmula de alquiler que permitiría a Maricarmen regresar a su vivienda. El acuerdo se alcanzó cuando ella ya se encontraba hospitalizada y su estado físico había sufrido un deterioro considerable. La posibilidad de regresar llegó, por tanto, cuando la mujer llevaba varios días fuera de su hogar. Según las informaciones difundidas tras su fallecimiento, nunca llegó a concretarse ese regreso antes de su muerte.
Hasta el momento no se ha divulgado públicamente una causa médica concreta del fallecimiento. Las fuentes consultadas coinciden en que Maricarmen murió en el Hospital Gregorio Marañón después de permanecer allí desde el día del desalojo, pero no existe una confirmación médica que permita atribuir su muerte directamente al procedimiento judicial o a una enfermedad específica. Su entorno había advertido previamente sobre el deterioro de su salud, pero cualquier relación causal requiere una confirmación médica que hasta ahora no ha sido comunicada.
La muerte de Maricarmen provocó nuevas reacciones de organizaciones sociales y representantes políticos españoles. El Sindicato de Inquilinas señaló que su historia deja un legado de lucha por el derecho a permanecer en una vivienda digna, mientras diferentes sectores expresaron condolencias y destacaron el impacto que tuvo su caso en la discusión pública. Su fallecimiento ocurre mientras continúan las movilizaciones relacionadas con el acceso a la vivienda en España, especialmente en Madrid, donde organizaciones de inquilinos mantienen protestas y concentraciones.
Maricarmen Abascal deja una historia marcada por siete décadas en el mismo hogar y por los últimos años dedicados a defender su permanencia en él. La imagen de la mujer siendo trasladada en camilla el 23 de septiembre se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de las protestas recientes por la vivienda en España. Dos semanas después de aquel desalojo, su muerte vuelve a poner el foco sobre la situación de las personas mayores frente a los conflictos habitacionales y sobre la necesidad de garantizar mecanismos de protección para quienes enfrentan estos procesos.
