Una mujer fue enviada a un centro carcelario y 2 adolescentes de 16 años deberán permanecer bajo internamiento preventivo por su presunta participación en extorsiones contra 20 conductores de transporte público en Soacha, Cundinamarca. Según la Fiscalía General de la Nación, las víctimas recibían amenazas contra sus vidas y exigencias de pagos semanales para poder continuar trabajando. Las cuotas exigidas oscilaban entre $22.000 y $50.000 por vehículo.
Los hechos investigados habrían ocurrido durante los últimos 2 meses en el paradero de una ruta de transporte público que presta servicio a diferentes barrios del municipio. De acuerdo con la información recopilada por la Fiscalía, los presuntos responsables abordaban a los conductores para obtener los números telefónicos de otros trabajadores que cubrían el mismo trayecto. Posteriormente, las víctimas recibían llamadas en las que les exigían dinero para permitirles desarrollar sus actividades laborales.
Las llamadas intimidatorias, según los elementos materiales probatorios reunidos por los investigadores, eran realizadas por personas que se identificaban como supuestos integrantes de un grupo delincuencial. Mediante estas comunicaciones, imponían pagos periódicos a los conductores, quienes debían entregar entre $22.000 y $50.000 semanales por vehículo. La modalidad investigada habría extendido las exigencias económicas entre trabajadores de una misma ruta, utilizando la información de contacto obtenida para ampliar el número de posibles víctimas.
La Fiscalía identificó a la mujer investigada como Yisseth Daniela De Diego Zarate, junto con 2 adolescentes de 16 años. La captura de la mujer y la aprehensión de los menores se realizaron por parte de la Policía Nacional cuando, presuntamente, recibían $300.000 relacionados con estas exigencias económicas. El procedimiento permitió poner a los señalados a disposición de las autoridades judiciales para avanzar en el proceso por los hechos denunciados por los transportadores afectados.
Según el organismo investigador, uno de los adolescentes habría cumplido funciones de vigilancia sobre los conductores y control de la entrega del dinero. Esta actuación formaría parte de la dinámica empleada para recaudar las cuotas exigidas a los trabajadores del transporte público. La información divulgada no precisa si existen otras personas vinculadas a la investigación ni detalla la identidad de los presuntos integrantes del grupo delincuencial que, según las denuncias, realizaban las llamadas amenazantes.
Un fiscal de la Seccional Cundinamarca imputó a los 3 procesados el delito de extorsión agravada. Durante las actuaciones judiciales, ninguno aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. La imputación constituye una atribución formal dentro del proceso penal, pero no equivale a una condena. La responsabilidad de los investigados deberá establecerse mediante las actuaciones judiciales correspondientes, con respeto por las garantías procesales y la presunción de inocencia.m
Como medida preventiva, la mujer deberá permanecer en un establecimiento carcelario, mientras que los 2 adolescentes fueron cobijados con internamiento preventivo. Estas decisiones buscan asegurar su comparecencia al proceso mientras avanzan las diligencias judiciales. En el caso de los menores de edad, la medida se desarrolla dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que contempla procedimientos diferenciados frente a los aplicables a las personas adultas.
El caso pone de relieve las amenazas que pueden enfrentar los conductores de transporte público cuando son objeto de exigencias económicas para ejercer su trabajo. La investigación de la Fiscalía se concentra en esclarecer la presunta participación de los señalados y las circunstancias en que se habrían realizado los cobros. Mientras el proceso continúa, los 3 investigados mantienen su condición de presuntos responsables, pues no han aceptado los cargos y su responsabilidad penal aún debe ser determinada por la justicia.
