El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) informó que el caso relacionado con 2 perros aprehendidos en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá continúa en trámite ante las autoridades competentes. La entidad explicó que la actuación se origina en un presunto abandono y que la documentación disponible será remitida a la Inspección de Paz y Convivencia correspondiente, instancia encargada de avanzar en el proceso establecido por la normativa vigente y determinar las decisiones que correspondan.
De acuerdo con el organismo distrital, los 2 caninos permanecen actualmente bajo cuidado institucional, en condición de cuarentena y, según la valoración reportada, en buen estado de salud. El IDPYBA señaló que su función dentro del procedimiento está concentrada en garantizar la protección y el bienestar de los animales mientras se define su situación jurídica. La entidad también indicó que mantiene medidas de seguridad y seguimiento durante la permanencia de los perros bajo custodia, conforme a los protocolos establecidos.
El caso también involucra a personas que aseguran ser responsables de los animales y que han manifestado haber sido engañadas por la empresa encargada de transportar internacionalmente a los perros. Según el IDPYBA, se han desarrollado reuniones con abogados y con quienes afirman tener responsabilidad sobre los caninos. Estas conversaciones buscan facilitar el acceso visual a los animales, bajo los lineamientos y protocolos definidos para preservar su seguridad durante la cuarentena y mientras avanza la actuación administrativa.
La entidad distrital explicó que las evidencias relacionadas con el caso fueron incorporadas al expediente que será remitido a las inspecciones encargadas de revisar la situación. Dentro de ese material se encuentran los elementos que deberán ser valorados durante la etapa de verificación. El procedimiento contempla que el inspector de policía analice la documentación disponible, incluida la certificación de tenencia y las pruebas presentadas por las partes, antes de establecer las determinaciones que correspondan dentro del proceso.
El IDPYBA precisó que no tiene competencia para establecer la veracidad definitiva de las pruebas aportadas por los involucrados. Esa valoración corresponde a la autoridad que asumirá el procedimiento político y administrativo relacionado con el caso. La aclaración busca diferenciar las funciones de protección animal de las competencias asignadas a la Inspección de Paz y Convivencia, que deberá revisar los elementos entregados, escuchar a las partes involucradas y adoptar las decisiones conforme al marco legal aplicable.
Mientras se desarrolla la verificación, la situación de los 2 perros permanece sujeta a las determinaciones de las autoridades responsables del proceso. El IDPYBA aseguró que continuará garantizando las condiciones necesarias para su bienestar durante la cuarentena y mantendrá los protocolos de seguridad establecidos. La entidad también señaló que las comunicaciones con los responsables o sus representantes legales continuarán dentro de los canales definidos, con el propósito de permitir el seguimiento correspondiente sin comprometer la integridad de los animales.
El pronunciamiento busca aclarar el alcance institucional frente a un caso que ha generado atención por las circunstancias en que los perros fueron aprehendidos en el principal aeropuerto de Bogotá. Mientras se determina quién tiene la responsabilidad y qué pruebas resultan válidas, la entidad de protección animal mantiene la custodia temporal. La decisión sobre la tenencia definitiva no corresponde al IDPYBA, sino a la autoridad competente, una vez concluya la revisión del expediente y las evidencias disponibles.
Con este reporte, el IDPYBA reiteró que su prioridad inmediata es preservar la vida, integridad y bienestar de los animales, mientras las autoridades avanzan en la definición administrativa del caso. La entidad sostuvo que el expediente contiene las evidencias necesarias para la etapa de inspección y que será el procedimiento correspondiente el que establezca la validez de las pruebas y la custodia definitiva. El caso continuará bajo revisión institucional hasta que se adopte una determinación conforme a la ley.
