El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto continúa en marcha y anunció que el Gobierno mantendrá el acompañamiento a las familias damnificadas. Durante su alocución, explicó que se constituyó un fondo patrimonial para financiar la recuperación de viviendas, infraestructura y actividades económicas, además de atender necesidades prioritarias en los territorios afectados. El mandatario sostuvo que el compromiso oficial es avanzar en la recuperación de las condiciones de vida de las comunidades.
El mandatario indicó que el Fondo Milagro recibió una primera partida de $624.656 millones procedentes de un crédito del Banco Mundial. A estos recursos se suman aproximadamente $377.000 millones destinados a apoyos económicos ejecutados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Según el balance presentado por el Ejecutivo, estas partidas forman parte de los recursos públicos movilizados para responder a la emergencia y financiar acciones de recuperación en las zonas más afectadas por el terremoto.
Uno de los componentes centrales de la reconstrucción es la recuperación de las viviendas afectadas y la atención de las edificaciones que representan riesgos para sus habitantes. El Gobierno anunció que el Ministerio de Vivienda incorporará $826.000 millones adicionales al fondo durante noviembre, con destinación específica para mejoramientos habitacionales y viviendas nuevas urbanas y rurales. Además, se han previsto $50.000 millones para financiar demoliciones de estructuras que presentan condiciones de riesgo en las zonas afectadas por el sismo.
La reactivación económica también hace parte de las medidas anunciadas. De acuerdo con la información oficial, se destinarán $4.600 millones para entregar 920 apoyos económicos de $5 millones cada uno a pequeños negocios y actividades productivas perjudicadas por el terremoto. El objetivo es ayudar a comerciantes y emprendedores a recuperar sus fuentes de ingresos y contribuir al sostenimiento de las familias damnificadas. La recuperación de la actividad comercial es considerada un componente fundamental para restablecer las condiciones de vida en los territorios afectados.
De la Espriella también hizo una precisión sobre las contribuciones del sector privado. Según explicó, las donaciones de empresas, fundaciones y otros aportantes particulares no ingresan directamente al Fondo Milagro ni al Presupuesto General de la Nación, sino que permanecen bajo gestión de las organizaciones que las aportan. El mandatario aseguró que estos recursos complementan la inversión pública y que los proyectos asociados deben responder a las necesidades de las comunidades afectadas. La distinción busca aclarar cómo se administran las diferentes fuentes de financiación de la reconstrucción.
El proceso de recuperación incluye también la identificación de daños, la priorización de intervenciones y la ejecución de obras en infraestructura y servicios esenciales. El Decreto 1379 de 2026 estableció que el fondo puede financiar asistencia humanitaria, rehabilitación, reconstrucción, reactivación económica y reducción del riesgo. Estas funciones buscan coordinar recursos y proyectos en los territorios cobijados por la emergencia, bajo criterios de administración y seguimiento. La ejecución de las obras y la entrega de ayudas serán determinantes para evaluar los avances reales de la reconstrucción.
En Cali, una de las ciudades afectadas, el Gobierno informó que se habían demolido 36 de los 76 edificios identificados con daños estructurales relevantes. También anunció ayudas para la adquisición de vivienda nueva o usada y subsidios para mejoramiento habitacional. Estas intervenciones forman parte de la respuesta a las consecuencias del terremoto del 10 de agosto, que impactó viviendas, negocios e infraestructura. Las autoridades deberán continuar evaluando las condiciones de las edificaciones y las necesidades de las familias para definir soluciones seguras y duraderas.
El presidente reconoció que aún queda trabajo por delante y reiteró que el Gobierno mantendrá el acompañamiento a las personas damnificadas hasta avanzar en la recuperación de sus hogares y medios de subsistencia. La magnitud de las afectaciones exige coordinación entre el Ejecutivo, las administraciones territoriales, el sector privado y las comunidades. La transparencia en el manejo de los recursos, la publicación de los proyectos y el seguimiento a las ayudas serán elementos esenciales para que la reconstrucción responda a las necesidades de quienes perdieron sus viviendas, negocios o condiciones habituales de vida.
