Estudio advierte vacíos regulatorios que frenan el mercado de carbono en Colombia

La falta de reglas claras, la inestabilidad de los precios y las debilidades en los mecanismos de supervisión están limitando el potencial del mercado de carbono en Colombia. Así lo advierte una investigación de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad del Rosario, presentada en el marco del Día Internacional contra el Cambio Climático. El análisis señala que, pese a una década de experiencia, el país todavía enfrenta desafíos institucionales y sociales para consolidar este instrumento de descarbonización.

El estudio fue liderado por Clara Inés Pardo, investigadora y docente de la Universidad del Rosario, y Alexander Cotte Poveda, doctor en Economía e investigador de la Escuela de Administración Pública (ESAP). Los especialistas examinaron las oportunidades y dificultades de los mercados regulados y voluntarios de carbono, así como su capacidad para movilizar recursos destinados a financiar acciones climáticas. La investigación plantea que Colombia cuenta con condiciones naturales y conocimiento técnico, pero necesita fortalecer su estructura institucional.

A escala internacional, la fijación del precio del carbono se ha convertido en una herramienta relevante para financiar iniciativas ambientales. Según cifras del Banco Mundial citadas en la investigación, los ingresos globales provenientes de estos mecanismos alcanzaron un récord de USD 104.000 millones en 2023. En Colombia, el mercado acumula aproximadamente 10 años de implementación y tomó impulso en 2016, cuando se estableció un incentivo tributario para empresas consumidoras de combustibles fósiles que adquieren bonos para neutralizar el impuesto al carbono.

Sin embargo, el crecimiento de estos mecanismos no ha estado acompañado de condiciones suficientemente estables para garantizar su funcionamiento. El informe identifica fluctuaciones en los precios de los bonos y ausencia de mecanismos sólidos de supervisión, factores que dificultan la confianza de los participantes y limitan el financiamiento climático. Estas debilidades afectan tanto al mercado regulado como al voluntario, donde las iniciativas ambientales requieren garantías institucionales, transparencia y condiciones claras para que sus beneficios puedan materializarse.

Uno de los aspectos más preocupantes corresponde a las consecuencias sociales identificadas en proyectos voluntarios desarrollados en regiones estratégicas como el Amazonas. La investigación advierte que comunidades indígenas, históricamente comprometidas con la protección de los ecosistemas, han enfrentado situaciones de desprotección, extorsiones y amenazas relacionadas con proyectos de bonos de carbono. Este panorama evidencia que la expansión de los instrumentos financieros ambientales también requiere salvaguardas para proteger los derechos de las poblaciones y garantizar su participación.

Clara Inés Pardo explicó que estas iniciativas pueden contribuir a desarrollar proyectos capaces de movilizar recursos para el financiamiento climático en Colombia. No obstante, señaló que su implementación debe considerar las condiciones de las comunidades y las dificultades institucionales que actualmente enfrenta el mercado. La investigación plantea que la sostenibilidad de estos mecanismos no depende exclusivamente de su capacidad económica, sino también de la existencia de reglas que permitan desarrollar proyectos confiables, supervisados y con beneficios ambientales y sociales verificables.

Entre las principales conclusiones, los investigadores sostienen que Colombia no parte de cero: dispone de biodiversidad, experiencia acumulada y capacidades técnicas para fortalecer el mercado de carbono. El desafío consiste en establecer un marco institucional sólido, mejorar la articulación entre las entidades responsables y garantizar estabilidad regulatoria. Estas condiciones permitirían reducir la incertidumbre, fortalecer la confianza de los participantes y aprovechar las oportunidades de inversión asociadas con la reducción de emisiones y la conservación de los ecosistemas.

La investigación concluye que el país enfrenta una oportunidad que requiere decisiones institucionales oportunas para evitar que el mercado pierda capacidad de contribuir a la descarbonización económica. Pardo insistió en que existen conocimientos y recursos naturales para avanzar, pero hacen falta reglas de juego claras y coordinación entre los actores involucrados. El estudio pone así sobre la mesa una discusión que combina financiación climática, protección ambiental y derechos comunitarios, elementos fundamentales para consolidar un mercado de carbono transparente y sostenible.