Un hombre fue condenado a 28 años de prisión por los delitos de tentativa de feminicidio agravado y otras conductas delictivas, luego de agredir a su expareja, Vicky Liliana Vargas Méndez, en enero de 2026, dentro de su vivienda, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. La sentencia constituye una decisión judicial relevante para la víctima, quien contó con representación jurídica gratuita de la Secretaría Distrital de la Mujer durante el proceso penal.
La entidad acompañó a Vargas Méndez mediante el equipo de abogadas de la Estrategia de Justicia de Género, que intervino en diferentes etapas del procedimiento judicial. La representación permitió que los intereses de la sobreviviente fueran defendidos ante las autoridades y que sus circunstancias fueran consideradas durante el desarrollo del caso. Este acompañamiento especializado busca reducir las barreras que enfrentan las mujeres víctimas de violencias para acceder a la justicia y participar de manera informada en las actuaciones judiciales.
Una de las intervenciones más relevantes ocurrió durante la definición de la pena, cuando la abogada de la Secretaría solicitó una sanción más alta para el agresor. Como parte de sus argumentos, presentó comunicaciones que el condenado había enviado a la víctima después de la agresión, cuando ya se encontraba privado de la libertad. Estos elementos fueron puestos a consideración del juzgado para que fueran valorados dentro del análisis sobre el comportamiento del procesado y la determinación de la sanción correspondiente.
La decisión judicial impuso una condena de 336 meses de prisión, equivalentes a 28 años, por tentativa de feminicidio agravado y otros delitos. La sentencia se produjo después de un proceso en el que la representación jurídica de la Secretaría Distrital de la Mujer participó para defender los derechos e intereses de la víctima. La determinación de la pena correspondió al juez, quien evaluó los elementos presentados durante las actuaciones judiciales, incluidas las comunicaciones aportadas por la abogada representante.
El caso permite conocer el alcance del servicio gratuito de representación jurídica que ofrece la Secretaría Distrital de la Mujer. Este acompañamiento no se limita a asistir a las audiencias, sino que implica estudiar los expedientes, identificar elementos relevantes, presentar solicitudes y formular argumentos ante las autoridades competentes. La intervención busca que las mujeres víctimas de violencias cuenten con respaldo especializado durante el proceso penal y comprendan las decisiones que se adoptan en cada etapa de la actuación judicial.
La entidad informó que actualmente lleva más de 900 casos mediante este servicio de representación jurídica. La atención se define de acuerdo con las circunstancias particulares de cada mujer, la gravedad y continuidad de las violencias, el riesgo para su vida y las barreras que pueda enfrentar para acceder a la justicia. Además del componente legal, el servicio puede incluir acompañamiento psicosocial, teniendo en cuenta que estos procesos suelen estar atravesados por afectaciones emocionales, dificultades económicas y responsabilidades de cuidado.
La respuesta institucional también contempla situaciones en las que las mujeres requieren medidas de protección ante una Comisaría de Familia, representación como víctimas dentro de procesos penales o apoyo en asuntos familiares relacionados con las violencias. La valoración jurídica permite establecer qué tipo de intervención corresponde a cada caso y determinar si cumple los criterios para recibir representación especializada. Este enfoque busca que las mujeres no tengan que identificar por sí solas los trámites ni las autoridades a las que deben acudir para defender sus derechos.
Las mujeres que necesitan orientación pueden acercarse a los puntos de atención de la Secretaría Distrital de la Mujer, donde reciben información sobre las rutas disponibles y las alternativas para acceder a asistencia jurídica. El caso de Vicky Liliana Vargas Méndez evidencia la importancia de contar con acompañamiento especializado durante procesos judiciales relacionados con violencias de género. La entidad reiteró su compromiso con el acceso a la justicia y la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencia en Bogotá.
