El Gobierno nacional presentó un decreto para modernizar el régimen de concesiones portuarias en Colombia, impulsar nuevas inversiones y fortalecer la infraestructura logística del país. El anuncio fue realizado el 9 de octubre de 2026 en Cartagena por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y la ministra de Transporte, Elsa Noguera. La medida busca mejorar la competitividad, atraer capital privado y preparar las terminales portuarias para responder a las exigencias del comercio internacional.
La actualización normativa pretende mejorar la conexión de los puertos con las redes de transporte terrestre, marítimo, fluvial y ferroviario. La integración de estos sistemas busca facilitar el movimiento de mercancías, reducir tiempos y costos logísticos y ampliar las posibilidades de acceso de los productores colombianos a los mercados. Según el Ministerio de Transporte, una infraestructura portuaria más eficiente puede contribuir al crecimiento de la actividad productiva, fortalecer la industria y generar oportunidades de empleo en las regiones vinculadas con estas operaciones.
Una de las principales novedades permitirá que los concesionarios propongan inversiones estratégicas incluso cuando falten 5 años o menos para el vencimiento de sus contratos. Si las obras requieren un periodo de recuperación superior al tiempo restante de la concesión, la inversión podrá ser evaluada por la autoridad competente. Cuando sea aprobada, podrá reconocerse el valor residual que no haya sido recuperado, conforme a la regulación aplicable. El mecanismo busca evitar que la proximidad del vencimiento contractual frene proyectos necesarios para modernizar los puertos.
El presidente Abelardo de la Espriella defendió la necesidad de mantener la actualización de la infraestructura portuaria y afirmó: “Colombia no puede permitir que un puerto deje de modernizarse simplemente porque su concesión se aproxima al vencimiento”. El mandatario sostuvo que el funcionamiento eficiente de estas terminales favorece el empleo, atrae inversión, dinamiza el comercio y fortalece la industria. La apuesta oficial consiste en generar condiciones que permitan sostener las inversiones y ampliar la capacidad logística nacional.
La ministra Elsa Noguera explicó que la actualización normativa responde a 4 objetivos: estimular la inversión, fortalecer la competitividad, promover la sostenibilidad y mejorar la transparencia. En ese marco, el decreto contempla la creación de un registro único de concesiones portuarias que integrará información sobre puertos, muelles y embarcaderos, además de permitir el seguimiento de sus trámites. La herramienta pretende mejorar la trazabilidad de los procedimientos, facilitar el acceso a la información pública y fortalecer la coordinación entre las entidades responsables.
La sostenibilidad también forma parte de las nuevas posibilidades de inversión. Los planes podrán incluir proyectos de electrificación de muelles, eficiencia energética, fuentes no convencionales de energía, combustibles marítimos de menores emisiones, economía circular y protección de la biodiversidad. Estas iniciativas adicionales no reemplazarán las obligaciones ambientales vigentes de los concesionarios. El enfoque busca que la modernización de la infraestructura avance junto con prácticas que reduzcan impactos ambientales y respondan a las exigencias actuales de las operaciones portuarias.
Representantes del sector destacaron la importancia de la decisión para el desarrollo regional. Liborio Cuéllar, gerente general de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, afirmó que la medida responde a necesidades de la ciudad, la región y el país. Por su parte, Manuel Buitrago, presidente de la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, señaló que el decreto permitirá continuar las inversiones con mayor seguridad jurídica. Ambos pronunciamientos resaltan la relevancia de las terminales para la actividad económica y la competitividad nacional.
La actualización del régimen de concesiones busca preparar a Colombia para las nuevas exigencias del comercio mundial mediante una infraestructura más conectada, eficiente y sostenible. Sus efectos dependerán de la aplicación de las nuevas reglas, la aprobación de los proyectos y la ejecución de las inversiones previstas. El reto será convertir los cambios normativos en mejoras concretas para el transporte de mercancías, la transparencia administrativa y la actividad productiva. Con esta medida, el Gobierno pretende vincular la modernización portuaria con el crecimiento económico y las oportunidades para las comunidades.
