La Policía Nacional capturó en flagrancia a 4 personas durante 2 diligencias de registro y allanamiento realizadas en la vereda La Ceiba, zona rural de Puerto Salgar, Cundinamarca. El operativo, desarrollado mediante labores de inteligencia e investigación criminal, contó con la participación del Comando de Operaciones Especiales (COPES), el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, según informó la Policía de Cundinamarca el 26 de octubre de 2026.
Los detenidos, identificados con los alias de Cáceres, Costeño, Barbas y Mateo, serían presuntos integrantes de una estructura delincuencial que llevaría aproximadamente 2 años de actividad. De acuerdo con la información recopilada durante las investigaciones, los capturados estarían relacionados con el tráfico de estupefacientes y la extorsión a campesinos de la región, mediante amenazas e intimidaciones con armas de fuego.
Las autoridades continúan el proceso judicial para establecer las responsabilidades individuales de cada uno.
Según el reporte policial, los señalados presuntamente se hacían pasar por integrantes del Bloque Oliverio Isaza, asociado en el comunicado con el Clan del Golfo, para intimidar a habitantes de las zonas rurales y exigirles pagos extorsivos. Esta modalidad habría sido utilizada para generar temor entre las comunidades campesinas y facilitar las actividades ilícitas investigadas. La información corresponde a las hipótesis recopiladas por los organismos de seguridad y deberá ser evaluada por las autoridades judiciales competentes.
Las investigaciones indican que la presunta actividad delictiva tendría influencia en las veredas La Ceiba, La Colombia y Remolinos, así como en los corregimientos de Puerto Libre y Puerto Bogotá. Estos sectores hacen parte del área de interés para las autoridades por las denuncias relacionadas con intimidaciones y posibles cobros ilegales a trabajadores rurales. El operativo busca afectar la capacidad de acción de la estructura investigada y reducir los riesgos para las comunidades que desarrollan sus actividades agrícolas y comerciales en el territorio.
Durante los procedimientos, las autoridades incautaron una pistola con 4 cartuchos y un proveedor, un cartucho para escopeta calibre 16, una granada de fragmentación y un rifle de aire comprimido. También fueron decomisados 3 teléfonos celulares y una motocicleta. Estos elementos quedaron a disposición de las autoridades para los procedimientos correspondientes y podrían contribuir al desarrollo de las investigaciones sobre las actividades atribuidas a los capturados.
La Policía de Cundinamarca señaló que el resultado operacional busca afectar las presuntas actividades de extorsión y las finanzas ilícitas de grupos delincuenciales que estarían generando temor entre las comunidades campesinas del Bajo Magdalena. La articulación entre unidades especializadas y organismos judiciales permitió adelantar las diligencias que terminaron con las capturas y la incautación de armas y otros elementos. La institución destacó la importancia de las labores de inteligencia para identificar estructuras que afectan la seguridad rural.
Los 4 capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización. A partir de esta etapa, las autoridades competentes deberán determinar las actuaciones procesales correspondientes y establecer si existen elementos suficientes para formular cargos por los delitos investigados. La información oficial no detalla si un juez ha impuesto medidas de aseguramiento ni precisa los cargos que eventualmente serán imputados a cada persona, por lo que esos aspectos dependerán del avance del proceso.
Con este operativo, la Policía Nacional busca debilitar las redes que presuntamente recurren a la extorsión y al tráfico de estupefacientes en Puerto Salgar y sectores cercanos. La institución reiteró su compromiso con la seguridad de las comunidades rurales y la atención de los hechos que afectan su tranquilidad. El caso continuará bajo investigación judicial, mientras las autoridades avanzan en la verificación de los elementos incautados y en la determinación de las responsabilidades de los detenidos.
