Un laboratorio de justicia restaurativa reunió en el Magdalena a 30 mujeres víctimas de desplazamiento forzado y 15 exintegrantes de las Fuerzas Militares, comparecientes ante la JEP. Durante cuatro meses, los participantes atravesaron ocho sesiones de preparación, diálogo y construcción de acciones de reparación. La experiencia fue liderada por investigadores de la Universidad del Rosario y la Universidad del Magdalena, con apoyo de la Convocatoria de Investigación Rosarista Small Grant y en colaboración con la JEP, con el propósito de explorar formas de reconstruir vínculos afectados.
El proceso vinculó a mujeres de Bonda y Aracataca, Magdalena, con comparecientes ante la justicia transicional. El encuentro cara a cara no fue inmediato: primero se desarrollaron módulos separados de capacitación, sensibilización y acompañamiento psicosocial. La preparación buscó reducir el riesgo de confrontación y entregar herramientas para escuchar, dialogar y construir confianza. De esta manera, el laboratorio planteó que el acercamiento entre víctimas y responsables debía desarrollarse bajo condiciones que permitieran reconocer las heridas causadas por la guerra y avanzar hacia acciones concretas de reparación.
La justicia restaurativa fue el eje y partió de una idea central: la reparación puede involucrar activamente a quienes causaron el daño. Viannis Robles, investigadora en Derechos Humanos de la Universidad del Magdalena, explicó que este enfoque busca que la herida generada a la víctima pueda ser atendida y que el responsable participe en la reconstrucción de aquello que resultó afectado. Vanessa Suelt Cock, profesora de la Universidad del Rosario y líder del laboratorio, destacó la importancia de incorporar los vínculos en la noción de justicia.
Para las participantes víctimas, uno de los momentos fue escuchar directamente a los comparecientes y conocer sus perspectivas sobre los hechos, sus experiencias y la manera en que observan actualmente lo ocurrido. Una participante identificada como María, para proteger su identidad, relató que fue desplazada en 2007, perdió su vivienda, cultivos, animales y parte de su proyecto de vida, además de enfrentar el asesinato de su concuñado. Tras el laboratorio, señaló que escuchar a quienes participaron en los hechos contribuyó a aliviar parte de las cargas asociadas con aquella experiencia.
El diálogo también permitió que las víctimas conocieran aspectos de la vida actual de los comparecientes que antes desconocían. María señaló que el encuentro permitió observar sus opiniones, sentimientos y perspectivas sobre lo ocurrido, así como saber si existía arrepentimiento o cambios en sus vidas. El laboratorio buscó que ese intercambio no quedara limitado a una conversación sobre el pasado, sino que pudiera convertirse en una experiencia de reconocimiento y construcción de confianza. Para los investigadores, escuchar y ser escuchado fueron componentes necesarios dentro del proceso restaurativo.
La experiencia incorporó además una dimensión productiva como herramienta para fortalecer los vínculos construidos durante los encuentros. Los participantes conformaron dos iniciativas: una de artesanía y otra de gastronomía. Ambas fueron presentadas ante un panel de expertos, que formuló recomendaciones para fortalecer sus propuestas, y posteriormente recibieron capital semilla para iniciar su desarrollo. La estrategia permitió trasladar el diálogo hacia una actividad conjunta y explorar cómo el emprendimiento puede contribuir a generar condiciones económicas favorables para las víctimas, mientras se construyen relaciones de confianza entre los participantes.
El laboratorio se desarrolló dentro de un escenario en el que la JEP ha incorporado sanciones de carácter restaurativo. Según la información de la investigación, 5.818 exintegrantes de la Fuerza Pública se sometieron a la JEP y, en el Caso 03, fueron imputados 173 militares, cinco civiles y un exdirector seccional del DAS. En la Zona Costa Caribe I, la JEP identificó 135 víctimas de asesinatos y desapariciones en 77 eventos y 252 familiares. De 15 exintegrantes del Ejército señalados como máximos responsables, 12 reconocieron responsabilidad en audiencia pública.
La experiencia plantea una perspectiva sobre la reparación que combina el ámbito judicial con procesos formativos, comunitarios y económicos. Para Vanessa Suelt Cock, la restauración también implica construcción social, mientras uno de los comparecientes, identificado como Carlos, destacó la posibilidad de acercarse a las víctimas para asumir un papel activo en su reparación. Las investigadoras consideran que la academia puede contribuir a futuros procesos restaurativos mediante conocimientos en justicia restaurativa, emprendimiento, salud y acompañamiento a víctimas, con el desafío de sostener espacios que permitan reconstruir vínculos afectados por la guerra.
