Cuatro vehículos abandonados con cargamentos de marihuana permitieron a la Fiscalía General de la Nación identificar una presunta organización dedicada al transporte de estupefacientes desde zonas de producción ilegal ubicadas en Corinto, Caloto y El Palo, Cauca, hacia diferentes regiones del país. La investigación comprende hechos registrados entre septiembre de 2023 y noviembre de 2025 en Risaralda, Valle del Cauca y Quindío, donde fueron hallados los automotores con importantes cantidades de droga y otros elementos de interés investigativo.
Los procedimientos permitieron incautar 461 kilos y 467 gramos de marihuana, de acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía. Los casos ocurrieron en Balboa, Risaralda; Guacarí y Buga, Valle del Cauca; y La Tebaida, Quindío. La investigación estableció que los vehículos utilizados para movilizar los cargamentos eran abandonados en diferentes vías, mientras sus conductores escapaban del lugar después de dejar la sustancia ilícita, en circunstancias que posteriormente fueron reconstruidas por los investigadores judiciales especializados.
Uno de los elementos identificados por los investigadores fue el supuesto mecanismo utilizado para intentar recuperar los automotores. Después de abandonarlos con la marihuana, algunos de los involucrados habrían reportado falsamente el hurto de los vehículos. Esta modalidad, según la investigación, buscaba generar una explicación distinta frente al abandono de los carros y facilitar posteriormente su recuperación, mientras los responsables evitaban ser vinculados directamente con los cargamentos encontrados durante los procedimientos realizados en los diferentes departamentos.
La Fiscalía reportó la captura y judicialización de cuatro personas que serían posibles integrantes de la estructura. Andrés Osvaldo Cuero Arroyo es señalado de adquirir la marihuana y coordinar los desplazamientos; Migdonio Manuel Ordóñez Silva habría cumplido labores de vigilancia para advertir sobre controles de las autoridades; mientras Juan Camilo Martínez y Francisco Eliezer Orovio Mina son señalados como presuntos transportadores de los cargamentos hacia distintos puntos del territorio nacional, dentro de la organización investigada.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro procesados los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir. De manera adicional, Cuero Arroyo fue imputado por violencia contra servidor público, con circunstancias de agravación punitiva, mientras que a Camilo Martínez se le atribuyó el delito de falsa denuncia por los hechos relacionados con la investigación y el supuesto reporte irregular de uno de los automotores utilizados.
La imputación contra Cuero Arroyo está relacionada con un episodio ocurrido después de dejar abandonado uno de los vehículos que transportaba estupefacientes. Según la Fiscalía, el procesado habría arrollado a dos policías que intentaron impedir que escapara del lugar. La conducta fue incorporada al proceso como violencia contra servidor público, con circunstancias de agravación punitiva, mientras la investigación continúa bajo los elementos recopilados por las autoridades durante las diligencias correspondientes en los departamentos involucrados durante la investigación.
Los cuatro procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. La investigación busca establecer las responsabilidades individuales dentro de la estructura señalada de transportar marihuana desde Cauca hacia otras regiones. La Fiscalía indicó que los hechos investigados corresponden al periodo comprendido entre septiembre de 2023 y noviembre de 2025 y que los cargamentos fueron identificados mediante los vehículos abandonados durante los procedimientos realizados en las vías.
El caso quedó registrado en un boletín de la Fiscalía General de la Nación fechado en Bogotá D.C. el 20 de septiembre de 2026. El documento, presentado en una página, también recuerda que la información corresponde a una narración objetiva de hechos suministrados por funcionarios encargados de las investigaciones y que las personas procesadas conservan la presunción de inocencia hasta que una decisión judicial determine lo contrario, conforme a las garantías establecidas por la legislación colombiana.
