De los 603 quioscos administrados por el Instituto para la Economía Social (IPES), 450 presentan afectaciones relacionadas con grafitis, publicidad no autorizada o daños en sus estructuras, mientras continúa el proceso para convertir estos espacios en alternativas de generación de ingresos para vendedores informales. La situación representa un desafío para la recuperación del mobiliario destinado a población vulnerable, al tiempo que el Instituto mantiene acciones de limpieza, reparación, seguimiento y asignación para evitar que la infraestructura permanezca inactiva.
Los registros del IPES muestran que 450 quioscos tienen grafitis, mientras 347 presentan publicidad instalada por terceros y 67 registran daños asociados con la violación o hurto de puertas. Las cifras evidencian diferentes formas de deterioro sobre estructuras concebidas como herramientas de trabajo. La entidad advirtió que una infraestructura deteriorada puede generar nuevas afectaciones si no recibe atención oportuna, por lo que adelanta intervenciones para recuperar las condiciones físicas y evitar que los daños iniciales se conviertan en problemas mayores.
La directora del IPES, Catalina Arciniegas, cuestionó el impacto que tiene el vandalismo sobre estas alternativas comerciales. “Un quiosco no es simplemente una estructura: puede representar el sustento de una familia”, afirmó. La funcionaria señaló que el deterioro de estos bienes públicos no solo genera costos de reparación, sino que también afecta oportunidades dirigidas a personas que buscan una alternativa para trabajar. Desde esa perspectiva, la entidad llamó a la ciudadanía a proteger los espacios públicos destinados a fortalecer la economía social.
Entre las acciones implementadas se encuentran la recuperación y limpieza de las estructuras afectadas, la atención de daños ocasionados por terceros, la activación de pólizas cuando existen afectaciones funcionales y el seguimiento de las condiciones de cada quiosco. El IPES también mantiene los procedimientos administrativos necesarios para avanzar en las asignaciones. La estrategia busca atender simultáneamente el deterioro físico y las condiciones jurídicas y administrativas que deben cumplirse antes de entregar cada espacio a una persona beneficiaria.
El proceso de asignación no depende únicamente de que un quiosco se encuentre instalado. El IPES explicó que también se requiere voluntad por parte de los potenciales beneficiarios y adelantar verificaciones individuales relacionadas con las condiciones jurídicas y administrativas de cada estructura. Por esa razón, la asignación puede requerir acompañamiento personalizado y análisis caso a caso. El Instituto sostiene que este procedimiento permite establecer quiénes cumplen las condiciones para acceder a estas alternativas comerciales y garantizar que los espacios lleguen a quienes corresponde.
Un ejemplo corresponde al convenio Metro, mediante el cual fueron instalados 35 quioscos y 70 espacios destinados a vendedores y vendedoras informales. En 2023 fueron identificadas 192 personas como potenciales beneficiarias directas. Sin embargo, durante el levantamiento territorial únicamente pudieron ser ubicadas 19 personas y, de ellas, 13 aceptaron la oferta. Ante esta situación, el IPES adelanta nuevas convocatorias y procesos de asignación para incorporar a otros beneficiarios que no hacen parte del convenio y ampliar el aprovechamiento de la infraestructura disponible.
Actualmente, 429 de los 603 quioscos se encuentran activos y son utilizados por personas que desarrollan actividades económicas. Para el IPES, estos espacios demuestran que la infraestructura puede convertirse en una alternativa real para vendedores informales que buscan mejores condiciones de trabajo. La entidad continúa adelantando procesos de actualización y validación para identificar interesados y determinar la posibilidad de asignación. Los procedimientos incluyen las verificaciones correspondientes antes de formalizar cada entrega y permitir el uso económico de las estructuras.
El Instituto para la Economía Social mantiene así una doble tarea: recuperar los quioscos afectados y avanzar en los procesos necesarios para que más estructuras puedan ser utilizadas como herramientas de trabajo. Arciniegas advirtió que los recursos destinados a reparar daños provocados por terceros representan dinero que podría orientarse a programas sociales y que el vandalismo también puede retrasar oportunidades laborales. El IPES invitó a los vendedores interesados a consultar sus canales institucionales para conocer las convocatorias y alternativas comerciales disponibles.
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