El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó medidas cautelares para reforzar la protección de la Ciénaga de la Virgen y el margen derecho de La Boquilla, en Cartagena, ante la persistencia de ocupaciones ilegales, rellenos, tala de manglar y construcciones en zonas ambientalmente sensibles. La decisión fue adoptada mediante el Auto No. 222 del 7 de septiembre de 2026, dentro de una acción popular promovida por la Personería Distrital de Cartagena.
La Procuraduría General de la Nación intervino como coadyuvante en el proceso a través de su Procuraduría 03 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Cartagena. El Ministerio Público solicitó expresamente las medidas cautelares al advertir que la transformación progresiva del territorio podía generar daños ambientales de difícil o imposible recuperación antes de que existiera una decisión definitiva dentro del proceso judicial en curso. La entidad también señaló que las afectaciones continuaban presentándose.
El Tribunal consideró acreditada una amenaza ambiental actual asociada a la continuidad de las ocupaciones, los rellenos y las talas. Aunque distintas autoridades habían adelantado actuaciones, la corporación judicial concluyó que estas se encontraban dispersas y carecían de un esquema verificable de coordinación, actualización, seguimiento y reacción. Para los magistrados, el riesgo de que nuevas intervenciones consoliden daños difíciles de reparar justificó adoptar medidas cautelares con carácter urgente dentro del proceso de protección ambiental.
La decisión también precisó que las medidas solicitadas por la Procuraduría no tienen como propósito promover desalojos masivos. El objetivo es contener nuevas afectaciones mediante acciones de prevención, vigilancia, coordinación institucional y protección ambiental. La intervención busca que las entidades responsables actúen de manera articulada frente a las transformaciones que puedan comprometer el manglar, los cuerpos de agua, las playas y las zonas de bajamar del margen derecho de La Boquilla, en Cartagena.
El Distrito de Cartagena, CARDIQUE y DIMAR deberán mantener y ejecutar acciones de prevención, vigilancia, inspección, control e investigación frente a nuevas ocupaciones, rellenos, tala o afectación del manglar e intervenciones en áreas ambientalmente protegidas. La orden judicial establece responsabilidades concretas para las autoridades con competencia territorial, ambiental y marítima, con el propósito de fortalecer la capacidad de detectar oportunamente nuevas intervenciones y activar respuestas frente a posibles daños sobre este ecosistema.
Como parte de las medidas, las 3 entidades deberán elaborar una matriz conjunta de protección y control dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación. El documento deberá identificar las áreas priorizadas, su estado actual, las actividades de inspección, vigilancia y monitoreo, las autoridades responsables, los cronogramas y los indicadores de cumplimiento. También tendrá que establecer las acciones que deberán activarse cuando sean detectadas nuevas intervenciones en las zonas protegidas.
El Tribunal fijó además un plazo de 30 días hábiles para presentar un diagnóstico técnico actualizado de las áreas priorizadas. Ese documento deberá precisar la ubicación y naturaleza de las nuevas intervenciones, las afectaciones sobre manglar, cuerpos de agua, zonas de bajamar y playas, así como los riesgos de agravamiento. También deberá identificar las medidas de contención, control, restauración o recuperación que resulten procedentes frente a las afectaciones encontradas en el territorio.
La decisión judicial pone el foco en la necesidad de pasar de actuaciones aisladas a un esquema coordinado y verificable para proteger la Ciénaga de la Virgen y el margen derecho de La Boquilla. La Procuraduría destacó la urgencia de prevenir daños adicionales mientras avanza el proceso judicial. Las nuevas obligaciones deberán traducirse en vigilancia permanente, información actualizada y respuestas institucionales articuladas para evitar que ocupaciones y transformaciones ilegales consoliden afectaciones ambientales difíciles de revertir.
