Un conductor de una plataforma de transporte fue secuestrado en Soacha, Cundinamarca, después de atender una solicitud de servicio hacia el barrio Villa Carola. Según la investigación, tres personas habrían abordado el vehículo y, durante el recorrido, sometieron al hombre mediante amenazas con armas. La víctima, de 41 años, habría sido obligada a permanecer en el asiento trasero mientras los presuntos responsables tomaban el control del automotor y avanzaban con el plan delictivo.
Los hechos ocurrieron el 19 de septiembre, cuando el conductor llegó al lugar acordado para recoger a los pasajeros. De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía General de la Nación, Dilan Alexis Cañón Bustamante y José Luis Puerta Manjarres habrían utilizado un cuchillo para intimidarlo. Entretanto, Ayari Andrei Espinoza Berrio presuntamente empleó un arma de fuego para obligarlo a desplazarse hacia la parte posterior del vehículo, donde permaneció retenido durante el desarrollo del hecho.
La víctima habría sido despojada de diferentes pertenencias mientras permanecía bajo intimidación. Entre los elementos hurtados se encontraban dinero en efectivo, joyas, un reloj, un teléfono celular y el vehículo utilizado para prestar el servicio de transporte. El valor conjunto de estos bienes supera los $60 millones. Además del robo, los presuntos responsables habrían obligado al conductor a realizar transacciones electrónicas desde su propio dispositivo, aumentando el perjuicio económico durante el tiempo que permaneció retenido.
La investigación señala que el conductor fue mantenido bajo control de los tres señalados mientras se realizaban los movimientos de dinero y se consumaba el hurto de sus pertenencias. Posteriormente, la víctima habría sido trasladada hasta una zona apartada y abandonada en un sector boscoso ubicado a la altura del kilómetro 5 de la vía que comunica a Soacha con Mosquera. El lugar donde fue dejado habría dificultado su movilidad inmediata y aumentado las condiciones de vulnerabilidad después del secuestro.
La reacción de las autoridades permitió avanzar rápidamente en la ubicación de los presuntos responsables. Unidades de la Policía Nacional los capturaron en el barrio La Fontana, en Soacha, después de las labores desarrolladas para establecer su posible participación en el hecho. La captura permitió poner a disposición de la justicia a los tres señalados, mientras la Fiscalía avanzaba en la presentación del caso y en la recopilación de los elementos que sustentan la investigación por la retención y el posterior despojo sufrido por el conductor.
Los detenidos fueron presentados ante las autoridades judiciales y un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado. La acusación se fundamenta en las circunstancias descritas por la investigación, particularmente la retención del conductor, las amenazas con armas y la exigencia de realizar transacciones electrónicas durante el tiempo en que permaneció bajo control de los presuntos responsables. Los tres procesados tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho de defensa durante la actuación judicial correspondiente.
Ninguno de los tres procesados aceptó el cargo formulado por la Fiscalía. Pese a ello, un juez de control de garantías determinó que deberán permanecer privados de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. La decisión responde a la gravedad de los hechos investigados y a los elementos presentados durante la audiencia. La investigación continuará para establecer las responsabilidades individuales de cada uno de los capturados frente al secuestro y las demás conductas atribuidas.
El caso refleja una modalidad delictiva en la que una solicitud de transporte habría sido utilizada para acercar a la víctima hasta el lugar donde comenzó el ataque y posterior secuestro. La investigación deberá determinar la responsabilidad penal de cada procesado, quienes mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial definitiva. La captura y judicialización permiten avanzar en el esclarecimiento de un hecho que dejó pérdidas económicas superiores a $60 millones y afectó directamente la seguridad de un trabajador.
