La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, priorizó una investigación relacionada con un posible esquema de corrupción en contratación pública que habría involucrado a varias empresas en procesos de selección con entidades estatales. Según la información conocida, las compañías habrían actuado de manera coordinada para aumentar sus posibilidades de éxito en las licitaciones y afectar la libre competencia. Los contratos bajo revisión sumarían cerca de 2 billones de pesos y la actuación contempla la revisión de más de 300 contratos.
Entre las empresas mencionadas aparecen RED SUMMA, ALDESARROLLO y KLUSTER LATAM, vinculadas en la investigación con Moisés Hernández, también identificado como Moisés Garvin. Según la hipótesis que es objeto de análisis, estas compañías habrían participado conjuntamente en procesos de contratación para simular una pluralidad de oferentes, pese a que existirían relaciones entre sus estructuras. La SIC busca establecer si esa participación respondió a una competencia efectiva o si, por el contrario, existió una coordinación encaminada a favorecer determinadas adjudicaciones.
La investigación también contempla elementos relacionados con la estructura y funcionamiento de las compañías. Entre ellos aparecen cambios reiterados de nombre o razón social, movimientos de directivos entre las diferentes empresas, coincidencias en juntas directivas y vínculos personales entre integrantes de organizaciones que, formalmente, participarían como competidoras. Estos elementos forman parte de las circunstancias que serán revisadas por las autoridades para determinar si existió una estructura coordinada detrás de los procesos de contratación y cuál habría sido su alcance dentro de las actuaciones examinadas.
De acuerdo con la información conocida, las empresas señaladas habrían registrado desde 2022 un crecimiento acelerado en la contratación estatal. La hipótesis bajo investigación plantea que ese crecimiento estaría relacionado con una estrategia conjunta para facilitar la adjudicación de contratos. La magnitud económica de los procesos constituye uno de los principales elementos de la actuación, pues los negocios sometidos a revisión alcanzarían cerca de 2 billones de pesos. La revisión de más de 300 contratos permitirá contrastar las relaciones empresariales con la forma en que se desarrollaron las diferentes convocatorias.
El caso también incorpora antecedentes disciplinarios atribuidos a Moisés Hernández. La información señala que la Procuraduría General de la Nación lo habría sancionado por irregularidades relacionadas con la ejecución de contratos estatales, situación que habría derivado en destitución e inhabilidades para ejercer cargos públicos durante 14 años. Este antecedente aparece dentro de los elementos incorporados al análisis de las autoridades. Su inclusión no determina por sí misma responsabilidad frente a los hechos actualmente investigados, cuyo alcance deberá establecerse mediante las actuaciones correspondientes.
Como parte de las actuaciones previstas, se dispuso remitir copias a la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF; la Fiscalía General de la Nación; y la Contraloría General de la República. La participación de estas entidades permitirá que cada organismo analice, dentro de sus competencias, la información relacionada con los contratos, las empresas y las personas mencionadas. Las remisiones abren diferentes líneas institucionales de revisión, mientras la SIC continúa examinando los elementos asociados con la posible afectación de la competencia en la contratación pública.
El eje de la investigación está en establecer si compañías que aparecían como independientes participaron realmente como competidoras o si existieron acuerdos, vínculos o actuaciones coordinadas que pudieron alterar las condiciones de los procesos de selección. Para ello, deberán contrastarse contratos, estructuras societarias, movimientos de directivos, juntas y demás elementos identificados durante la actuación. La revisión permitirá determinar si los patrones señalados corresponden a coincidencias empresariales o si configuran una actuación coordinada con efectos sobre la contratación estatal y la libre competencia.
La investigación pone bajo revisión un conjunto de relaciones empresariales y procesos contractuales cuyo valor, según la información conocida, se acerca a 2 billones de pesos. Mientras avanzan las verificaciones, el caso involucra a organismos de control y autoridades con competencias diferentes, que deberán establecer los hechos y las eventuales responsabilidades que correspondan. El desarrollo de estas actuaciones será determinante para conocer si las estructuras empresariales mencionadas participaron dentro de las reglas de competencia o si existieron mecanismos destinados a alterar los procesos de contratación con el Estado.
