Durante demasiado tiempo, algunos influencers colombianos se acostumbraron a creer que una cámara, un micrófono, miles de seguidores y una cuenta en redes sociales les otorgaban una especie de patente de corso para decir, mostrar y divulgar lo que les viniera en gana.
Pues resulta que no, la Corte Constitucional acaba de recordarles algo bastante elemental: la libertad de expresión existe, está protegida y es fundamental, pero no significa que las redes sociales sean un territorio sin reglas ni que quien tenga más seguidores tenga más derechos que los demás.
La sentencia T-241 de 2026 puso sobre la mesa los límites relacionados con la divulgación de información, la imagen y aspectos íntimos de terceros, y exhortó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República a establecer reglas claras sobre los derechos y deberes de los creadores de contenido e influencers. Es algo que personalmente celebro, pues siempre he considerado que ellos no le aportan nada bueno ni positivo al País, por el contrario generan conflicto y aumentan la polarización.
En otras palabras: ¡se les acabó la guachafita!, y no, que nadie salga ahora con el cuento barato de que esto significa censura.
Que hablen, que critiquen, que hagan política, que defiendan al Gobierno o a la oposición, que produzcan contenido las 24 horas del día si quieren, pero que entiendan de una vez que tener seguidores no convierte una opinión en una verdad, una cámara en un tribunal ni una cuenta de Instagram en una Constitución propia.
Ahí está precisamente el problema de esa nueva fauna digital que apareció en la política colombiana: algunos confundieron influencia con autoridad y viralidad con legitimidad.
Durante años vimos cómo las redes se convirtieron en una especie de plaza pública sin alcalde, sin reglamento y, en ocasiones, sin freno.
Se dispara una acusación, se monta un video, se recorta una declaración, se agrega una dosis de sarcasmo, se prende la indignación de los seguidores, y cuando llega la reclamación, aparece la frase comodín: “Es mi opinión. No, señores, no siempre basta con esconderse detrás de esa frase.
La Corte precisamente recuerda que cuando la libertad de expresión entra en tensión con derechos de terceros, como la honra, el buen nombre, la intimidad o la propia imagen, existen límites constitucionales, eso significa que el maravilloso mundo de los influencers, donde algunos se acostumbraron a disparar primero y pensar después, empieza a encontrarse con algo que aparentemente habían olvidado: la responsabilidad, y eso es especialmente importante porque ya no estamos hablando simplemente de personas haciendo vídeos para entretener, estamos hablando de individuos que participan activamente en la conversación política nacional, personas capaces de instalar una tendencia en cuestión de horas, personas capaces de convertir una acusación en tendencia, personas que se burlan de las tragedias o usan el dolor ajeno para obtener likes, personas sin pudor y sin sentimiento, personas capaces de movilizar seguidores contra alguien, personas que, en algunos casos, pretenden ocupar el espacio que durante décadas tuvieron periodistas, columnistas, líderes políticos y formadores de opinión.
Perfecto, que ocupen ese espacio, pero entonces que acepten también las obligaciones que ello implica.
Porque el que quiera jugar a ser actor político tiene que entender que también está entrando al terreno de la responsabilidad pública.
Y ahí aparecen nombres que ya forman parte de este nuevo ecosistema político de las redes: Jerome, Levy Rincón y Vincenth Ramos, tres figuras distintas, con posiciones y estilos diferentes, pero que sirven para ilustrar hasta dónde ha llegado el fenómeno del influencer político en Colombia y la enorme capacidad que hoy tienen las redes para intervenir en la conversación pública, y precisamente por eso la discusión ya no puede reducirse a si tienen o no derecho a hablar, por supuesto que lo tienen, que hablen,
Pero si tienen influencia, también tienen responsabilidad.
Y aquí está la verdadera importancia de la decisión de la Corte: no se trata de apagarles el micrófono, se trata de recordarles que el micrófono no es de su propiedad.
La Constitución también funciona en TikTok, también funciona en Instagram, también funciona en YouTube, también funciona en X, también funciona en Facebook, y también funciona cuando alguien decide convertir un teléfono celular en una plataforma política.
La Corte no está diciendo que los influencers deban quedarse callados
Está diciendo algo mucho más incómodo para algunos: que la libertad de expresión no puede convertirse en una excusa para atropellar los derechos de los demás, y eso, para quienes hicieron de la confrontación permanente su modelo de comunicación, seguramente no será una noticia agradable. Ejemplos: JotaPe Hernández, Miguel Polo Polo y Wally, por citar algunos nombres que han llegado al Congreso gracias a esta forma de expresión que luego se fue adaptando a la política colombiana.
Porque una cosa es ser irreverente, otra es ser irresponsable, una cosa es criticar, otra es creer que la persona criticada no tiene derechos, una cosa es hacer oposición, otra es asumir que cualquier afirmación queda automáticamente protegida porque fue publicada desde una cuenta con miles de seguidores, y una cosa es tener influencia, pero otra muy distinta es saber utilizarla.
Así que Jerome, Levy Rincón, Vincenth Ramos y toda esa generación de influencers políticos que descubrió que una cámara puede convertirse en un arma de enorme alcance tendrán que entender que la libertad de expresión no es una licencia para hacer lo que quieran, tienen audiencia, tienen poder, tienen capacidad de influir, y precisamente por eso tendrán que empezar a responder por la manera en que utilizan ese poder.
Se acabó aquello de creerse intocables porque tienen seguidores, se acabó aquello de pensar que una cámara convierte cualquier afirmación en periodismo, se acabó aquello de confundir viralidad con verdad, y, sobre todo, se acabó la idea de que las redes sociales son una zona libre de Constitución.
La Corte ya habló
Ahora falta ver cuántos de esos “grandes guerreros digitales” que todos los días reparten “lecciones de democracia” son capaces de aceptar las reglas de la misma democracia que dicen defender, porque la libertad también exige límites cuando comienza a afectar los derechos de los demás.
Sí, señores influencers: se les acabó la guachafita.
Columna de. Juan Pablo Castillo
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Columnas
