Una operación conjunta del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, y el Gaula Militar permitió rescatar a un ciudadano que permanecía secuestrado en Bogotá y capturar a 4 personas presuntamente vinculadas con el hecho. El procedimiento se realizó en la noche del 16 de septiembre, mediante una diligencia de registro y allanamiento en una vivienda del barrio Paraíso, localidad de Ciudad Bolívar. La víctima llevaba 3 días privada de la libertad y sus captores exigían $130 millones por su liberación.
Según el reporte de la Fiscalía General de la Nación, el secuestro ocurrió el 13 de septiembre, cuando la víctima se movilizaba en su vehículo por inmediaciones de la Avenida Caracas, en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Allí habría sido interceptada y trasladada contra su voluntad. Horas después, la madre recibió varias llamadas en las que le informaban sobre la retención y exigían el pago de $130 millones para permitir la liberación del hombre, mientras avanzaban las investigaciones correspondientes.
Durante las labores investigativas, las autoridades establecieron que los presuntos responsables habrían enviado videos en los que la víctima aparecía intimidada con armas de fuego. En las grabaciones, según la Fiscalía, también habría sido amenazada con sufrir afectaciones contra su vida si no se cumplía la exigencia económica. Los investigadores conocieron además que el hombre habría permanecido inconsciente durante varios momentos mientras estuvo en cautiverio. Estos elementos fueron incorporados a las actuaciones adelantadas para establecer las circunstancias del secuestro.
Las actividades de policía judicial incluyeron labores de vecindario y verificación de cámaras de seguridad, procedimientos que permitieron identificar el inmueble desde donde presuntamente se realizaban las comunicaciones extorsivas. El lugar estaba ubicado en el barrio Paraíso, en Ciudad Bolívar. Con esta información, los investigadores coordinaron la diligencia que permitió intervenir la vivienda señalada y avanzar en el rescate. La ubicación del inmueble constituyó un elemento determinante para concretar el operativo desarrollado por el CTI y el Gaula Militar.
Durante el allanamiento, realizado en la noche del 16 de septiembre, los funcionarios encontraron a la víctima dentro del inmueble y lograron rescatarla. Posteriormente, el ciudadano fue trasladado y pudo reencontrarse con sus familiares en la sede del Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación. En el mismo procedimiento fueron capturadas 4 personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades judiciales. También fue incautada un arma de fuego, elemento que será incorporado a las actuaciones correspondientes dentro del proceso.
El boletín de la Fiscalía presenta una diferencia en la edad de la víctima: el encabezado la identifica como una persona de 34 años, mientras el desarrollo del documento señala que se trata de un ciudadano de 32 años. La entidad no ofrece una explicación sobre esta diferencia en el texto suministrado. Por tratarse de información oficial con esa inconsistencia, ambas referencias quedan registradas, sin establecer una edad definitiva distinta a la consignada por la propia Fiscalía en las diferentes partes del documento.
Los 4 detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. De acuerdo con la Fiscalía, entre los delitos que serían imputados se encuentra el secuestro extorsivo. La situación jurídica de los capturados deberá definirse durante las audiencias correspondientes, mientras los investigadores continúan con el análisis de los elementos recopilados durante el operativo y las demás diligencias necesarias para esclarecer la totalidad de los hechos.
El rescate se produjo 3 días después de la retención y permitió que la víctima regresara con sus familiares tras permanecer en cautiverio. La investigación continúa ahora bajo dirección de la Fiscalía, mientras los 4 capturados enfrentan el proceso judicial correspondiente. El caso evidencia el papel de la denuncia y de las labores de policía judicial para ubicar lugares de cautiverio y activar operaciones de rescate. La información corresponde al boletín emitido por la Fiscalía General de la Nación el 17 de septiembre de 2026.
