La Procuraduría General de la Nación solicitó un informe detallado sobre la prestación del servicio de energía eléctrica en Amazonas, Chocó, Guainía, La Guajira, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada. El requerimiento fue dirigido al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas, IPSE, y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dentro de una actuación preventiva adelantada por el Ministerio Público para conocer la realidad energética de estas regiones.
La solicitud busca establecer un diagnóstico actualizado sobre las condiciones en que reciben el servicio los usuarios de estos 8 departamentos. La Procuraduría pidió información específica que permita identificar diferencias entre territorios y determinar las principales dificultades que afectan la prestación. El requerimiento hace parte de las acciones de la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, que busca contar con información suficiente para evaluar aspectos relacionados con continuidad, eficiencia y calidad del servicio eléctrico en las zonas analizadas.
Entre los datos solicitados se encuentra el número de usuarios atendidos en cada departamento, así como la capacidad instalada disponible para garantizar el suministro. La Procuraduría también pidió conocer el promedio de horas diarias de servicio y el estado actual de la infraestructura energética. Estos elementos permitirán establecer las condiciones operativas existentes y las posibles falencias que estén afectando la continuidad, eficiencia y calidad del suministro para las comunidades ubicadas en territorios que no cuentan con conexión convencional al sistema nacional.
El Ministerio Público también solicitó un inventario actualizado de los proyectos energéticos que se encuentran actualmente en ejecución, estructuración o planeación. El requerimiento incluye iniciativas que contemplen Fuentes No Convencionales de Energía Renovable, FNCER, y proyectos relacionados con conexiones al Sistema Interconectado Nacional, SIN. La información deberá permitir identificar qué soluciones están previstas para ampliar o mejorar la prestación del servicio y cuál es su estado dentro de los procesos de desarrollo energético correspondientes en cada uno de los departamentos.
La Procuraduría busca que el diagnóstico permita conocer no solamente las condiciones actuales del suministro, sino también las alternativas previstas para atender las necesidades energéticas de estas regiones. Por esa razón, el inventario solicitado incorpora proyectos de diferentes etapas y tecnologías. La información sobre fuentes renovables y eventuales conexiones al Sistema Interconectado Nacional permitirá establecer qué iniciativas se encuentran planteadas para mejorar las condiciones de acceso y prestación del servicio en territorios donde persisten desafíos asociados con la infraestructura energética.
Francisco Canossa, procurador delegado para la Gestión y Gobernanza Territorial, señaló que la actuación tiene como propósito contribuir a la prestación eficiente de los servicios públicos y al adecuado uso de los recursos. El funcionario también indicó que se busca evitar situaciones que puedan poner en riesgo el bienestar de los usuarios en estas regiones apartadas del país. La declaración acompañó el requerimiento formulado al IPSE y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de la actuación preventiva.
El informe solicitado deberá permitir a la Procuraduría contar con información diferenciada por departamento sobre usuarios, capacidad instalada, horas de suministro, infraestructura y falencias identificadas. A esto se suma la información relacionada con proyectos de energías renovables y posibles conexiones al SIN. La combinación de estos datos permitirá al Ministerio Público revisar la situación energética desde la perspectiva de la prestación efectiva del servicio y de las iniciativas que las entidades competentes tienen previstas para estos territorios.
Con este requerimiento, la Procuraduría abrió una revisión preventiva sobre las condiciones del servicio eléctrico en 8 departamentos que hacen parte de las Zonas No Interconectadas. El diagnóstico solicitado al IPSE y a la Superintendencia permitirá recopilar información sobre la situación actual y los proyectos previstos. La actuación está orientada a conocer las condiciones de prestación, identificar posibles dificultades y hacer seguimiento a las soluciones energéticas planteadas para comunidades de Amazonas, Chocó, Guainía, La Guajira, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada.
