El presidente Abelardo De La Espriella presentó un balance de seguridad de su primer mes de gobierno y destacó reducciones en varios delitos. Al comparar agosto de 2026 con agosto de 2025, el secuestro cayó 79 %, la extorsión 62 % y las masacres 58 %, según las cifras divulgadas durante su alocución. El mandatario atribuyó estos resultados a una acción coordinada de la Fuerza Pública y las autoridades territoriales, con operaciones focalizadas para recuperar el control de zonas afectadas por organizaciones criminales.
Barranquilla apareció entre los resultados destacados por el Ejecutivo. En esa ciudad, el trabajo articulado con la administración distrital dejó una reducción de 64 % en los homicidios, 63 % en la extorsión y 24 % en los hurtos durante 30 días. El presidente resaltó la coordinación con el alcalde Alejandro Char y presentó estas cifras como una muestra de los resultados que pueden alcanzarse mediante operaciones conjuntas. La estrategia busca mantener la presión sobre las estructuras responsables de delitos que afectan directamente a la ciudadanía.
Santa Marta concentra otra de las principales acciones de seguridad anunciadas por el Gobierno. Luego del intento de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de imponer un paro armado mediante la quema de vehículos, disparos y amenazas contra transportadores, el Presidente ordenó militarizar la ciudad y reforzar Ciénaga, Riohacha, Dibulla y la troncal del Caribe. La respuesta incluyó controles, presencia militar y policial y operaciones dirigidas contra integrantes de esa estructura, en un corredor considerado estratégico para la movilidad y la actividad económica.
Las operaciones contra esa organización dejan, de acuerdo con el balance presentado, 23 capturas acumuladas: 18 en Magdalena y 5 en La Guajira. En Santa Marta y Ciénaga se produjeron 13 nuevas capturas, además de 6 diligencias de registro y allanamiento y el desbloqueo de 5 puntos de la vía Santa Marta-Riohacha. Entre los resultados aparece alias Yolima, señalada como compañera sentimental de alias Pinocho, y alias Juancho Roy, señalado como sicario de la estructura. También fueron incautados dinero, celulares, armas, municiones y panfletos intimidatorios.
La ofensiva en el Caribe mantiene desplegados 2.500 efectivos de la Fuerza Pública, con apoyo aéreo, controles viales y acompañamiento al comercio y al transporte. Dentro de las medidas anunciadas permanece una recompensa de 3.000 millones de pesos por información que permita ubicar a alias Pinocho. El Gobierno busca con este despliegue evitar nuevos bloqueos, proteger a los transportadores y recuperar condiciones de seguridad en municipios afectados por las acciones de grupos armados. La operación se mantiene activa mientras continúan las labores de inteligencia y control territorial.
En Cali, la denominada Operación Iron movilizó a más de 1.200 uniformados del Ejército y la Policía en 6 comunas, 15 barrios y 24 microterritorios. La intervención contempló 83 órdenes de captura y más de 100 diligencias de allanamiento. El balance reportó 85 capturas y la desarticulación de 7 estructuras criminales que, según las autoridades, llevaban hasta 50 años operando en sectores del centro de la ciudad. Durante los procedimientos fueron incautadas armas, granadas, cartuchos, celulares, drogas y dinero en efectivo.
Las estructuras identificadas en Cali fueron La Torre, La Luna, Los Pascua, Los del Hueco, Las Palmas, Los 30 y Los Buitres. El balance nacional también incluyó la extradición de alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera, cuya entrega a las autoridades estadounidenses fue ejecutada por el propio Presidente. El señalado tenía imputaciones por reclutamiento de menores, homicidios y desplazamiento forzado en Putumayo. Para el Ejecutivo, estos resultados hacen parte de una ofensiva que combina inteligencia, judicialización, operaciones militares y presencia policial en territorios priorizados.
El balance presentado por De La Espriella muestra una estrategia de seguridad concentrada en reducir delitos, golpear estructuras criminales y recuperar corredores afectados por la violencia. Las cifras nacionales y los resultados registrados en Barranquilla, Santa Marta y Cali marcan el primer corte de un Gobierno que busca mantener la presión operativa sobre las organizaciones ilegales. El desafío será sostener estas reducciones y convertir estos resultados en una tendencia sostenida de seguridad para las comunidades.
