Hay comparaciones que parecen injustas a primera vista, pero que adquieren sentido cuando se observa el contexto. Gustavo Petro tuvo cuatro años completos para gobernar Colombia, imponer su agenda, manejar el presupuesto, nombrar funcionarios, impulsar sus reformas y demostrar que su proyecto podía transformar el país. Abelardo De La Espriella apenas lleva poco más de un mes en la Casa de Nariño. La diferencia inicial es contundente: Petro entrega un Estado debilitado, una seguridad deteriorada, unas finanzas golpeadas y una administración marcada por escándalos; su sucesor comenzó intentando recuperar autoridad y poner orden donde encontró desorden.
Petro llegó prometiendo el cambio más profundo de las últimas décadas, y terminó dejando una nación más dividida y regiones enteras sometidas al avance de organizaciones criminales, es cierto que durante su mandato hubo mejoras en pobreza y desempleo, pero gobernar no consiste en escoger los indicadores favorables y esconder los demás debajo de la alfombra. El balance incluye seguridad, instituciones, economía, corrupción y capacidad administrativa, y en varios de esos frentes, el resultado fue francamente decepcionante. Colombia no puede evaluar cuatro años de gobierno con la lógica de quien únicamente exhibe aquello que le conviene.
La llamada Paz Total resume buena parte de ese fracaso. Mientras el Gobierno hablaba de diálogo, los grupos armados ganaron tiempo, ampliaron negocios ilícitos y disputaron territorios, comunidades fueron extorsionadas, desplazadas, confinadas y sometidas al reclutamiento, el Catatumbo terminó convertido en símbolo de una política que confundió negociación con autoridad, un Estado que conversa con criminales sin capacidad real para imponerles límites no pacifica: retrocede, mientras se multiplicaban las mesas, en demasiados territorios los violentos siguieron imponiendo sus propias reglas.
Pero el problema del petrismo fue muchísimo más amplio que la corrupción. El Gobierno terminó convertido en un verdadero burdel en todos los aspectos: escándalos de corrupción y contratación; escándalos políticos y administrativos; peleas dentro del gabinete y de su propia coalición; audios, grabaciones y filtraciones; funcionarios cuestionados, investigaciones y denuncias; controversias diplomáticas; conflictos burocráticos; rupturas y disputas familiares; y también una sucesión de controversias sexuales y de género, allí aparecieron señalamientos y denuncias contra Víctor de Currea-Lugo, Hollman Morris, Diego Cancino y Nelson Lemus, entre otros casos que fueron objeto de denuncias y cuestionamientos públicos, no todos los episodios tuvieron la misma naturaleza ni terminaron en las mismas instancias, pero juntos alimentaron una cadena de escándalos que golpeó la imagen del Gobierno, no fue una crisis aislada: fue una sucesión permanente de escándalos de toda índole que convirtió la administración en noticia por razones ajenas a las soluciones que Colombia necesitaba.
Y en medio de ese ambiente también aparecieron las controversias alrededor de la vida personal del Presidente: versiones sobre supuestas “mozas” de Petro, conflictos familiares, rupturas y episodios privados que terminaron adquiriendo dimensión nacional. No corresponde presentar rumores como hechos probados, pero tampoco fingir que no existieron ni que no tuvieron repercusión pública. Frente a esa imagen, De La Espriella ha buscado proyectar algo diametralmente distinto: una Presidencia ordenada, con autoridad, con su esposa, Ana Lucía Pineda, visible a su lado y trabajando en equipo,la diferencia también se refleja en la estructura de su administración: un gabinete escogido para acompañar su proyecto y avanzar sobre una hoja de ruta común, la comparación resulta inevitable: mientras el anterior Gobierno terminó mezclando permanentemente asuntos institucionales, familiares y personales, el nuevo mandatario procura mostrar cohesión, coordinación y disciplina desde el comienzo.
Una cosa es tener ministros, viceministros y altos funcionarios ocupando oficinas; otra muy distinta es que exista una administración que entienda que llegó a gobernar y no a protagonizar disputas internas. En ese esquema, el Vicepresidente aparece como articulador y respaldo directo de la Presidencia, mientras los demás integrantes del gabinete tienen la responsabilidad de ejecutar las decisiones y responder por sus resultados, esa fotografía institucional transmite una señal que Colombia había dejado de recibir: aquí hay una administración que pretende remar en una misma dirección.
De La Espriella decidió empezar por otro frente: la seguridad, en poco más de un mes, su Gobierno reportó cerca de 15.000 capturas, 23 cabecillas neutralizados, alrededor de 50 toneladas de narcóticos incautadas, más de 1.300 hectáreas de coca erradicadas y aproximadamente 1.500 armas incautadas, no son cuatro años de resultados ni resuelven por sí solos el problema criminal, pero sí muestran una decisión que había perdido fuerza durante el mandato anterior: perseguir al delincuente antes que convertirlo en interlocutor privilegiado del Estado, el mensaje operativo cambió desde las primeras semanas.
Ahí aparece una diferencia más profunda, para De La Espriella, la seguridad no es un asunto accesorio: es la condición para que funcionen la libertad, la inversión, el empleo, la propiedad y la presencia institucional, por eso puso el acento en la captura, la extradición y la recuperación del territorio, el mensaje cambió: quien desafíe al Estado con armas, coca, secuestros o extorsiones tendrá que enfrentarse primero a la fuerza legítima de las instituciones, después de años de incertidumbre, el Gobierno pretende que la autoridad vuelva a sentirse en las calles y en las regiones.
En economía, el nuevo Gobierno heredó obligaciones acumuladas y una situación fiscal que no admite improvisaciones. El presupuesto de 2027, de $635 billones, supera en $59,3 billones la propuesta presentada por la administración anterior, eso obliga a De La Espriella a demostrar que su promesa de austeridad significa algo más que un eslogan, si realmente quiere reducir el Estado improductivo, tendrá que cortar privilegios, eliminar gastos innecesarios y demostrar que cada peso público tiene una justificación, el tamaño del presupuesto le impone una exigencia adicional: predicar austeridad mientras demuestra disciplina en cada decisión de gasto.
La nueva administración también tuvo que responder desde sus primeras semanas a una emergencia nacional provocada por el terremoto del 10 de agosto, activó mecanismos extraordinarios para la reconstrucción y asumió responsabilidades que no estaban en ningún manual de transición, al mismo tiempo, avanzó con decisiones legislativas y administrativas que muestran una Presidencia concentrada en cumplir sus funciones, la diferencia con el cuatrienio anterior no está en que ahora desaparezcan los problemas, sino en que cambió la prioridad: gobernar antes que vivir de la confrontación. El gabinete tendrá que demostrar que esa línea puede traducirse en resultados concretos.
De La Espriella todavía no puede reclamar resultados definitivos, poco más de un mes sirve para identificar una dirección, no para declarar una obra terminada, pero sí es tiempo suficiente para observar una voluntad política. Petro tuvo cuatro años para demostrar su modelo y dejó un país con enormes problemas de seguridad, confianza institucional y manejo administrativo. De La Espriella recibió ese escenario y comenzó a mover las piezas en sentido contrario. La oportunidad está sobre la mesa, pero también la responsabilidad de convertir el impulso inicial en resultados que sobrevivan al entusiasmo de las primeras semanas, cada ministro tendrá que demostrar con hechos que las decisiones anunciadas pueden convertirse en resultados.
Por eso la comparación no debe hacerse entre cuatro años y un mes como si fueran periodos equivalentes, debe hacerse entre dos maneras de administrar el País. Petro utilizó buena parte de su mandato en la confrontación política, las grandes batallas ideológicas y una agenda que terminó chocando repetidamente con las instituciones. De La Espriella arrancó con una apuesta por autoridad, seguridad, disciplina fiscal y depuración administrativa, acompañado por un equipo llamado a ejecutar una misma hoja de ruta. Una cosa es prometer que se va a transformar Colombia; otra, mucho más difícil, es comenzar a poner la casa en orden. La historia juzgará cuál de las dos fórmulas produjo mejores resultados.
Petro tuvo tiempo, presupuesto, respaldo institucional y todas las herramientas constitucionales para gobernar, su problema no fue la falta de oportunidades, sino la manera en que decidió utilizarlas. De La Espriella apenas comienza y no merece un cheque en blanco, la evaluación será inevitable y llegará con resultados concretos: seguridad sostenible, recuperación económica, reducción del despilfarro y una ofensiva anticorrupción que produzca consecuencias reales. El nuevo Presidente tendrá que demostrar que puede sostener lo que inició y corregir aquello que no funcione, sin refugiarse en excusas ni culpar eternamente al pasado. Para esa tarea necesitará funcionarios capaces de responderle al Presidente y, sobre todo, al País.
Colombia cambió de rumbo porque estaba cansada de un Gobierno que prometió refundarlo todo y terminó dejando demasiadas preguntas sin responder. Petro tuvo cuatro años para construir su proyecto y terminó dejando un legado marcado por el deterioro institucional, el fracaso de su política de paz, una sucesión de escándalos y una administración que perdió credibilidad. De La Espriella tiene la responsabilidad de demostrar que el cambio no consistirá simplemente en sustituir un discurso por otro. Petro tuvo cuatro años para destruir muchas certezas. De La Espriella lleva poco más de un mes intentando reconstruirlas, ahora tendrá que demostrar que sabe hacerlo y que Colombia tendrá un Gobierno para todos.
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