La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, respaldó el proceso adelantado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, para actualizar los marcos tarifarios de acueducto, alcantarillado y aseo en Colombia. El reconocimiento se produjo después de varias jornadas de trabajo realizadas entre el 8 y el 11 de septiembre, en las que ambas entidades revisaron metodologías, participación ciudadana, evidencia técnica y criterios utilizados para definir la nueva regulación del sector.
El respaldo internacional cobra relevancia porque las nuevas metodologías buscan responder a realidades diferentes dentro del país. Durante los encuentros fueron analizados los marcos tarifarios para grandes prestadores de acueducto y alcantarillado, pequeños prestadores y gestores comunitarios, además del esquema para grandes prestadores del servicio de aseo. También avanzó la construcción del nuevo marco tarifario de aseo para pequeños prestadores, actualmente en proceso regulatorio y pendiente de completar las etapas previstas para su expedición.
Uno de los aspectos destacados por la OCDE fue el uso de evidencia como base para la toma de decisiones. La CRA no habría limitado el análisis a información documental, sino que desarrolló trabajo territorial, reuniones, talleres, consultas públicas y espacios de diálogo con ciudadanos, empresas y demás actores. Para el organismo internacional, este contacto directo permite conocer las condiciones reales del sector y entregar a los reguladores elementos adicionales para adoptar decisiones más informadas, transparentes y ajustadas a las particularidades de cada territorio.
La participación de los grupos de interés constituye otro elemento central del proceso. Las consultas públicas y audiencias permitieron incorporar voces provenientes de distintos sectores, dentro de una actualización que busca mejorar la calidad regulatoria. Manuel Gerardo Flores, coordinador del Programa de Política Regulatoria de la OCDE para Latinoamérica, destacó que escuchar a las personas y empresas permite recoger información directamente desde los territorios y utilizarla para construir decisiones regulatorias con mayor sustento y capacidad de respuesta frente a las necesidades existentes.
La OCDE también resaltó la segmentación aplicada por la CRA entre diferentes grupos de prestadores. El criterio responde al principio de proporcionalidad regulatoria, según el cual las obligaciones deben guardar correspondencia con las características, capacidades y condiciones de quienes están sujetos a las reglas. Bajo esta perspectiva, pequeños prestadores, gestores comunitarios y grandes empresas no enfrentan necesariamente las mismas realidades operativas, por lo que la regulación puede establecer tratamientos diferenciados sin perder coherencia ni objetivos comunes dentro del sistema de servicios públicos.
Gloria Esperanza Narváez Tafur, directora ejecutiva de la CRA, señaló que el reconocimiento internacional respalda una regulación construida con evidencia, participación y consideración de las particularidades territoriales. La funcionaria sostuvo que la actualización integral de los marcos tarifarios debe mantener un sólido respaldo técnico, escuchar a quienes conocen las realidades del sector y presentar reglas transparentes, proporcionales y comprensibles para los ciudadanos, con los usuarios y el interés general como referentes principales de la actuación regulatoria.
El proceso, sin embargo, todavía no termina. La OCDE planteó que la transformación regulatoria debe mantenerse como un ejercicio continuo de aprendizaje y mejora, mientras la CRA avanza en nuevos marcos y en el fortalecimiento de sus capacidades. El organismo internacional también invitó a la Comisión a participar en escenarios internacionales destinados al intercambio de experiencias y conocimientos sobre gobernanza y cumplimiento regulatorio, abriendo nuevas posibilidades de cooperación entre autoridades y organismos especializados en calidad regulatoria.
El reconocimiento coloca la discusión tarifaria de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y aseo en un escenario donde la calidad de las decisiones dependerá no solo de sus resultados, sino también de cómo se construyen. Para la CRA, el desafío será mantener la evidencia, la participación y la proporcionalidad como pilares de la regulación, mientras las nuevas metodologías comienzan a aplicarse y el marco para pequeños prestadores de aseo continúa su proceso de construcción y definición.
