El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, defendió ante la plenaria de la Cámara de Representantes la continuidad de las operaciones de la Fuerza Pública, durante el debate de moción de censura relacionado con una operación aérea en Guaviare. El funcionario sostuvo que suspender las acciones militares generaría, según su interpretación, incentivos para estructuras armadas que reclutan menores. La intervención se produjo en medio de cuestionamientos parlamentarios sobre el uso de la fuerza cuando existe presencia de niños, niñas y adolescentes.
Mora presentó un balance de los primeros 45 días de gestión y señaló que durante ese periodo fueron afectados 28 cabecillas, recuperados 43 menores de edad y rescatadas 25 personas secuestradas. También reportó la incautación de 95 toneladas de cocaína y más de 23.000 capturas. Según el ministro, mientras se desarrollaba el debate en el Capitolio se registraron cuatro combates, con cinco integrantes de grupos ilegales muertos, seis capturados y un secuestrado rescatado. Estas cifras corresponden al balance presentado por Defensa.
El debate tuvo como uno de sus principales antecedentes la operación realizada el 27 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare, contra una estructura vinculada por las autoridades con alias Calarcá. El balance oficial reportó 10 personas muertas, una capturada y un menor recuperado con vida. Posteriormente, Medicina Legal estableció que tres de los fallecidos eran menores de edad, de 15, 15 y 16 años. El caso generó cuestionamientos políticos sobre la planeación y ejecución de operaciones aéreas contra estructuras armadas.
Durante su intervención, el ministro explicó la diferencia entre derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario y sostuvo que las operaciones en conflictos armados deben desarrollarse bajo las reglas aplicables del DIH. Según la explicación ofrecida por Mora, las acciones contra integrantes de Grupos Armados Organizados que cumplen una función continua de combate pueden estar autorizadas bajo determinadas circunstancias. El funcionario agregó que las operaciones requieren planeamiento, evaluación jurídica y aplicación de los principios de necesidad, distinción, proporcionalidad y precaución.
Mora afirmó que la condición de víctima de los menores reclutados por estructuras armadas no está en discusión y aseguró que la Fuerza Pública no dirige sus operaciones contra una persona por el hecho de ser menor de edad. Su argumento fue que las acciones se orientan contra amenazas militares identificadas. El ministro señaló además que las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo son consideradas durante la planeación operacional, aunque, según explicó, no constituyen automáticamente un impedimento para realizar una operación.
Frente a las muertes de menores en operaciones militares, Mora atribuyó la responsabilidad a las estructuras que realizan el reclutamiento y los llevan a campamentos donde participan en actividades armadas. El ministro afirmó que durante los primeros 45 días de gestión fueron recuperados 43 menores en operaciones de la Fuerza Pública. En el debate también defendió la denominación de “ataques aéreos estratégicos” para estas acciones, debido al proceso de decisión y autorización que, según explicó, precede su ejecución.
El ministro también sostuvo que la Fuerza Pública recibió una amenaza compuesta por 29.000 combatientes, cifra que, según su presentación, representa un incremento del 92 % frente a 2022. A ese balance agregó los resultados operacionales reportados durante las primeras semanas de gestión y la atención de emergencias derivadas del terremoto y los incendios forestales. Sus afirmaciones fueron presentadas ante la Cámara como parte de la defensa institucional frente a los cuestionamientos planteados durante la moción de censura.
Al cierre del debate, Mora reiteró que las Fuerzas Militares y la Policía mantendrán las operaciones destinadas a enfrentar a las estructuras armadas ilegales y recuperar el control territorial. La discusión en la Cámara dejó como eje la aplicación del DIH, la protección de los menores reclutados y los criterios para realizar operaciones cuando existe información sobre su presencia. El ministro sostuvo que la Fuerza Pública continuará actuando dentro del marco jurídico que, según su exposición, regula las operaciones contra amenazas armadas.
