Un hombre que habría participado en la retención y posterior desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez aceptó su responsabilidad por los hechos ocurridos el 4 de abril de 2022, en San Andrés de Cuerquia, Antioquia. La manifestación fue realizada de manera libre y voluntaria durante una audiencia de acusación ante un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, debido a que para la fecha de los hechos el procesado tenía 17 años. Su reconocimiento se produjo dentro del proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación.
Según la investigación, el entonces adolescente habría participado en actividades previas de vigilancia sobre Peláez, con el propósito de establecer el momento en que sería retenido por integrantes del grupo delincuencial ‘El Mesa’. Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía sustentan, según el organismo investigador, la presunta participación del procesado en esas labores de seguimiento. La actuación habría permitido determinar las condiciones en las que se produjo la retención del ingeniero forestal, quien para entonces realizaba labores relacionadas con una empresa pública.
De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía, Peláez fue interceptado cuando desarrollaba sus labores y posteriormente habría sido amenazado con armas de fuego y elementos cortopunzantes. La investigación señala que fue agredido y obligado a subir a un camión que se dirigió hacia un inmueble. En el curso del proceso fueron incorporadas declaraciones de otros implicados, según las cuales el ingeniero forestal habría sido sepultado y, meses después, exhumado para posteriormente arrojar su cuerpo al río San Andrés.
El hombre que aceptó su responsabilidad fue vinculado por el delito de desaparición forzada agravada y permanece privado de la libertad. Su manifestación se produjo durante la audiencia de acusación, ante un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. La Fiscalía continúa con las actuaciones judiciales encaminadas a esclarecer las circunstancias que rodearon la desaparición de Peláez y establecer la responsabilidad individual de las personas que, de acuerdo con los elementos incorporados al expediente, habrían intervenido en los hechos investigados.
La investigación por la desaparición del ingeniero forestal también ha llevado a la judicialización de otras personas. La Fiscalía identificó entre ellas a Juan Fernando Tobón Correa, alias Paisa; Weimar Alexander Castillo, alias 300; y Willington Ortiz Muñoz, alias Willy. El organismo investigador también vinculó a otro hombre que, al igual que el procesado que recientemente aceptó su participación, era adolescente cuando ocurrieron los hechos y habría reconocido igualmente su intervención en la desaparición de Andrés Camilo Peláez.
Con estas actuaciones, la Fiscalía General de la Nación informó que ya son cinco las personas judicializadas por su presunta vinculación con la desaparición ocurrida en abril de 2022. La investigación ha permitido avanzar en la reconstrucción de los acontecimientos y en la identificación de quienes habrían tenido participación en las distintas etapas del caso. El proceso permanece bajo conocimiento de las autoridades judiciales, que deberán determinar las responsabilidades correspondientes conforme avance cada una de las actuaciones previstas por la ley.
El caso se remonta al 4 de abril de 2022, cuando Peláez desapareció en jurisdicción de San Andrés de Cuerquia, mientras realizaba labores para una empresa pública. La información recopilada durante la investigación permitió establecer una secuencia que incluye la vigilancia previa, la retención y el posterior traslado de la víctima. Las declaraciones incorporadas al proceso también aportaron elementos sobre el presunto destino del cuerpo, que habría sido sepultado, exhumado meses después y arrojado al río San Andrés, según la Fiscalía.
Cuatro años después de la desaparición, la aceptación de responsabilidad de uno de los implicados constituye un nuevo elemento dentro de una investigación que ha permitido judicializar a cinco personas. El procesado permanece privado de la libertad y vinculado por desaparición forzada agravada, mientras las autoridades continúan con el proceso para establecer las responsabilidades individuales. La Fiscalía señaló que los elementos materiales probatorios y las declaraciones incorporadas han permitido avanzar en el esclarecimiento de este caso ocurrido en el norte de Antioquia.
