El Gobierno Nacional anunció una revisión integral de los recursos administrados por la Agencia de Renovación del Territorio, ART, y la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, tras identificar diferencias entre los recursos comprometidos y el avance físico de proyectos en las regiones. La verificación abarcará contratos, convenios, proyectos de inversión y gastos administrativos, con el propósito de determinar qué recursos están llegando efectivamente a las comunidades y cuáles iniciativas presentan retrasos.
De acuerdo con el balance presentado por la administración nacional, la ART dispone para 2026 de un presupuesto de inversión de $68.309 millones. De ese monto, el 91 % aparece comprometido, mientras los pagos realizados alcanzan apenas el 18 %. La revisión también identificó 92 proyectos cuyo valor conjunto se aproxima a $179.000 millones y que presentan avances físicos inferiores al 30 %, situación que encendió las alertas dentro del Gobierno.
El análisis también comprende los recursos destinados durante los últimos años a programas de desarrollo territorial y sustitución de cultivos ilícitos. Entre 2022 y 2026, la ART y la Dirección de Sustitución recibieron aproximadamente $2,9 billones a través del Fondo Colombia en Paz. Más del 90 % de estos recursos figura comprometido, mientras la ejecución física total reportada no supera el 40 %. Para el Gobierno, la diferencia entre compromisos financieros y resultados materiales requiere una revisión detallada.
Uno de los casos señalados corresponde al programa Renacemos, que recibió recursos por aproximadamente $1,3 billones y registra un avance cercano al 20 %. También fueron mencionados convenios suscritos por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, por más de $760.000 millones, cuya ejecución reportada no supera el 30 %. Estos resultados serán incluidos dentro del proceso de verificación anunciado por las autoridades nacionales.
La revisión también puso la lupa sobre la contratación de prestación de servicios realizada por ambas entidades. Entre 2022 y 2026 se destinaron aproximadamente $368.000 millones a 7.600 contratos de esta naturaleza, según las cifras presentadas por el Gobierno. Solo durante 2025, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos destinó cerca de $88.000 millones a este tipo de contratación, cifra que representa 9,3 veces el monto registrado en 2022, de acuerdo con el balance divulgado.
Otro de los puntos identificados corresponde a 13 contratos suscritos desde 2024 mediante contratación directa con organizaciones comunitarias, resguardos indígenas y otros actores territoriales. Estos acuerdos suman aproximadamente $4.600 millones y registran una ejecución física del 0 %. A esto se agregan 19 convenios y contratos interadministrativos suscritos entre 2022 y 2025 que permanecen pendientes de liquidación. También fueron advertidas deficiencias en la publicación de documentos contractuales y soportes de ejecución en el SECOP.
La revisión incluirá igualmente los gastos administrativos de las entidades, especialmente aquellos relacionados con transporte y arrendamiento de sedes territoriales. El Gobierno identificó posibles duplicidades en estos conceptos dentro de las 16 subregiones donde se concentra la operación. La intención es determinar cuáles gastos pueden racionalizarse y establecer si los recursos destinados a las regiones están siendo utilizados de acuerdo con sus objetivos. Los hallazgos que puedan constituir irregularidades serán trasladados a las autoridades competentes.
La directora encargada de la ART y consejera presidencial para las Regiones, Valerie Lafaurie, anunció que la verificación se realizará proyecto por proyecto, contrato por contrato y territorio por territorio. El propósito será establecer qué recursos están llegando a las comunidades, cuáles proyectos requieren correctivos y dónde existen retrasos o gastos administrativos susceptibles de racionalización. La revisión fue presentada por el Gobierno como una medida para fortalecer la ejecución territorial y garantizar que los recursos públicos se conviertan en obras, proyectos productivos y oportunidades para las comunidades.
