El Gobierno nacional anunció ajustes a los protocolos para responder con mayor rapidez a las comunicaciones delictivas originadas desde las cárceles. La ministra TIC, Alexandra Falla Zerrate, presentó el anuncio durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde se analizó la restricción de llamadas y mensajes no autorizados desde establecimientos penitenciarios. La medida busca fortalecer la coordinación entre autoridades, operadores y plataformas digitales para reducir los tiempos de identificación y bloqueo de comunicaciones utilizadas en actividades delictivas.
La modificación anunciada se concentrará en los procedimientos establecidos por el Decreto 0851 de 2024, norma que regula mecanismos para restringir comunicaciones no autorizadas dentro de los establecimientos de reclusión. La ministra explicó que uno de los desafíos consiste en identificar con precisión el origen de las comunicaciones y las tecnologías empleadas. Por ello, el Ministerio TIC revisará los protocolos existentes para determinar ajustes que permitan acelerar la actuación institucional y hacer seguimiento a la efectividad de las medidas adoptadas.
La estrategia no estará limitada al funcionamiento de los sistemas de inhibición de señales. El Ministerio TIC señaló que se revisará el conjunto de mecanismos tecnológicos y administrativos disponibles para impedir que las comunicaciones no autorizadas continúen siendo utilizadas con fines delictivos. El Decreto 0851 contempla, entre otras herramientas, procedimientos para solicitar el bloqueo de equipos y dispositivos asociados con comunicaciones no autorizadas identificadas dentro de establecimientos de reclusión. La nueva revisión busca fortalecer la aplicación de estos mecanismos frente a las dinámicas tecnológicas actuales.
Otro componente estará relacionado con el trabajo coordinado entre el Ministerio TIC y el Ministerio de Justicia. Según lo anunciado, ambas entidades establecerán mesas permanentes y una línea base que permita medir los resultados de las acciones implementadas. El propósito es contar con indicadores que faciliten evaluar si los cambios realmente reducen los tiempos de respuesta y las comunicaciones utilizadas para actividades delictivas. Los avances serán objeto de seguimiento institucional y los resultados deberán ser comparables para establecer la efectividad de las medidas.
La telefonía móvil y las aplicaciones de mensajería tendrán tratamientos diferenciados dentro de la estrategia. La ministra explicó que el Ministerio TIC trabaja con Meta y los operadores para desarrollar acciones articuladas desde las propias plataformas. El objetivo es atender las particularidades de servicios de telefonía y aplicaciones como WhatsApp, en los que los mecanismos de intervención pueden ser diferentes. Esta coordinación busca ampliar las herramientas disponibles para identificar y restringir comunicaciones que tengan origen en establecimientos penitenciarios y puedan estar relacionadas con actividades delictivas.
Otro frente de trabajo involucra al Ministerio TIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, que avanzan en medidas dirigidas a dificultar el envío de mensajes de texto utilizados en extorsiones y otros delitos desde las cárceles. La estrategia contempla identificar el origen de los mensajes, fortalecer la trazabilidad y mejorar los mecanismos de registro y etiquetado. Con estas herramientas, las autoridades buscan contar con mayor información para detectar patrones, facilitar las actuaciones correspondientes y reducir el impacto de estas comunicaciones sobre los ciudadanos.
El propósito de los cambios es establecer una respuesta más rápida, permanente y medible frente al uso de comunicaciones delictivas desde establecimientos penitenciarios. Para ello, las entidades involucradas deberán mantener un seguimiento continuo de las medidas implementadas y comparar sus resultados. La revisión también busca identificar los puntos en los que actualmente se presentan mayores tiempos de actuación y establecer responsabilidades dentro de la cadena institucional y tecnológica. El enfoque anunciado combina regulación, herramientas digitales, coordinación pública y participación de los operadores de telecomunicaciones.
La discusión plantea así una actualización de los mecanismos existentes frente a un fenómeno que continúa utilizando nuevas tecnologías y diferentes canales de comunicación. La ministra TIC, Alexandra Falla Zerrate, señaló ante la Cámara que el cambio de protocolos busca disminuir los tiempos de respuesta y mejorar la identificación del origen de las comunicaciones. El seguimiento de las medidas permitirá establecer sus resultados y entregar información al Congreso y a la ciudadanía, mientras las entidades responsables avanzan en la implementación de los ajustes anunciados.
