El Gobierno Nacional anunció la puesta en marcha de la primera fase del Plan de Choque en Salud, una estrategia extraordinaria y temporal dirigida a atender pacientes con medicamentos o procedimientos pendientes. Según el comunicado de la Presidencia, entre enero y julio de 2026 se registraron 1.220.142 reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud, con un promedio de 5.755 diarios. El 92 % correspondió a barreras para acceder a servicios y tecnologías en salud.
A partir del cruce de información, el trabajo con aseguradores y el seguimiento a peticiones, quejas y reclamos, fueron identificados 1.069.196 usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes. La primera fase priorizará casos considerados de mayor riesgo, entre ellos pacientes con cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, enfermedades neurodegenerativas, diabetes insulinodependiente y VIH. También serán incluidos pacientes con EPOC, asma, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica y mujeres gestantes que requieren tratamientos esenciales para el embarazo.
El plan contempla seguimiento desde la identificación de cada caso hasta comprobar que el paciente recibió efectivamente el medicamento o procedimiento requerido. Las EPS deberán identificar y reportar las atenciones pendientes, determinar los usuarios involucrados y gestionar la atención correspondiente. De acuerdo con el documento oficial, el proceso tendrá trazabilidad y seguimiento continuo entre septiembre y diciembre. La primera fase tendrá cobertura nacional para más de 700.000 usuarios con medicamentos pendientes y más de 300.000 con procedimientos pendientes.
Para respaldar financieramente esta primera fase, el Ministerio de Salud y Protección Social implementará un mecanismo extraordinario de compra de cartera dirigida para las EPS de ambos regímenes. El mecanismo tendrá 0 % de interés y un año de periodo de gracia, y priorizará la facturación asociada con los servicios y tecnologías pendientes incluidos en el plan. Según la información oficial, la medida busca generar liquidez extraordinaria para facilitar que los recursos lleguen a la red encargada de atender a los pacientes.
La Presidencia precisó que el mecanismo financiero no está diseñado para duplicar pagos ni reconocer nuevamente servicios que ya hayan sido cancelados. Los recursos estarán vinculados a las atenciones contempladas en esta primera fase y tendrán seguimiento institucional. El anuncio también establece que la intervención es extraordinaria y temporal, mientras la responsabilidad permanente de garantizar la continuidad y oportunidad de la atención continuará en cabeza de las EPS, bajo la vigilancia de las autoridades competentes.
El seguimiento estará a cargo de una Mesa Técnica de Control integrada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES. Esta instancia deberá revisar la disminución de los pendientes, la entrega de medicamentos y procedimientos y los recursos destinados al mecanismo. A su vez, la Superintendencia realizará seguimiento especial al cumplimiento de las obligaciones y, junto con las entidades territoriales, establecerá mesas regionales para verificar la atención de los pacientes.
La estrategia busca que la gestión de los casos no concluya únicamente con la identificación de una reclamación o con un trámite administrativo. El esquema anunciado establece una ruta que comienza con la identificación del paciente y la atención pendiente, continúa con la determinación del medicamento o procedimiento y de la entidad responsable, avanza hacia la gestión de los recursos y termina con la verificación de que el servicio fue efectivamente prestado. Ese seguimiento constituye uno de los componentes centrales de la primera fase.
El Plan de Choque en Salud fue presentado por el Gobierno como una respuesta temporal al volumen de atenciones represadas identificado durante 2026. La primera fase se extenderá entre septiembre y diciembre y tendrá cobertura nacional, según el comunicado presidencial. Su ejecución estará acompañada por mecanismos de seguimiento financiero y sanitario, mientras las EPS mantienen la responsabilidad permanente sobre la atención. El documento establece como propósito que los medicamentos sean entregados, los procedimientos realizados y los pacientes reciban oportunamente los servicios requeridos.
