La Fiscalía General de la Nación imputó a la exjefe de Gabinete de la Presidencia, Laura Camila Sarabia Torres, por su presunta intervención en actuaciones relacionadas con una prueba de polígrafo practicada a Marelbys Meza Buelvas, quien se desempeñaba como empleada doméstica y había sido niñera de su hijo. El procedimiento habría buscado establecer el paradero de un dinero que desapareció de la residencia de Sarabia, luego de que Meza Buelvas fuera señalada como principal sospechosa.
Los hechos se remontan al 29 de enero de 2023, cuando Sarabia reportó la pérdida de una suma de dinero que se encontraba dentro de una bolsa negra guardada en una maleta. Según la investigación, esa maleta había sido llevada al apartamento por una oficial encargada de la seguridad personal de la entonces funcionaria. Posteriormente, Sarabia habría señalado a Meza Buelvas como responsable del hurto, situación que derivó en una serie de actuaciones que ahora son examinadas dentro del proceso penal.
Los elementos materiales probatorios indican que, ese mismo día, Sarabia Torres presuntamente ordenó telefónicamente al entonces jefe de seguridad de la Presidencia que practicara una prueba de polígrafo a su empleada. En cumplimiento de esa instrucción, Meza Buelvas fue trasladada en un vehículo oficial desde su residencia en Soacha, Cundinamarca, hasta el edificio Galán, ubicado junto a la Casa de Nariño. Allí se realizó el procedimiento que constituye uno de los principales elementos analizados por la Fiscalía dentro de la investigación.
Durante la práctica del polígrafo, Meza Buelvas habría sido intimidada y acusada de haber cometido el hurto, además de recibir advertencias relacionadas con una eventual privación de la libertad. Para la Fiscalía, las circunstancias en las que se desarrolló el procedimiento resultan relevantes para establecer si existió una actuación por fuera de las competencias asignadas a los funcionarios involucrados. La investigación analiza también la manera como fueron utilizados los recursos oficiales para atender una situación relacionada con un asunto de carácter particular.
Uno de los puntos centrales de la imputación está relacionado con la utilización de funcionarios y recursos oficiales para investigar la desaparición de un dinero de propiedad particular. Para la Fiscalía, esta decisión habría desbordado las competencias misionales de Sarabia Torres y de otros servidores públicos que participaron en las actuaciones. El ente investigador considera que el uso de esas capacidades institucionales pudo constituir un abuso del poder y del cargo, mientras busca determinar el alcance de las responsabilidades individuales derivadas de los hechos.
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó a la exjefe de Gabinete los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso. Las conductas atribuidas están relacionadas con la presunta intervención de Sarabia en el procedimiento realizado a Meza Buelvas y con la disposición de recursos oficiales para atender el caso. Los cargos no fueron aceptados por la exfuncionaria, por lo que el proceso deberá continuar su desarrollo dentro de las etapas establecidas por la justicia.
La investigación pone nuevamente bajo escrutinio la utilización de recursos y funcionarios estatales en situaciones que no necesariamente corresponden con las funciones institucionales asignadas. En este caso, la Fiscalía concentra su actuación en determinar si la orden para practicar el polígrafo, el traslado de Meza Buelvas en un vehículo oficial y el uso de instalaciones relacionadas con la Presidencia estuvieron amparados por las competencias de los funcionarios o si, por el contrario, representaron una utilización indebida de capacidades públicas.
Con la imputación, el proceso penal avanza hacia una nueva etapa para establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades relacionadas con el procedimiento de polígrafo. La investigación deberá determinar el alcance de las actuaciones atribuidas a Sarabia Torres y a los demás funcionarios vinculados con los hechos. Mientras el caso continúa ante las autoridades competentes, los cargos formulados se mantienen dentro del proceso judicial y corresponderá a las instancias respectivas avanzar en la valoración de las pruebas y las responsabilidades que puedan derivarse.
