La Fiscalía General de la Nación puso bajo medidas cautelares 42 bienes que estarían vinculados a uno de los presuntos grupos de testaferros que habría estado al servicio del extinto narcotraficante Hélmer Francisco Herrera Buitrago, conocido como ‘Pacho Herrera’. Los activos fueron avaluados preliminarmente en más de $44.900 millones y quedaron sometidos a decisiones de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión, dentro de un proceso de extinción del derecho de dominio.
La investigación permitió rastrear movimientos patrimoniales y operaciones financieras que, según los elementos materiales probatorios, habrían sido utilizadas durante varios años para ocultar, transformar y administrar los activos. La Fiscalía estableció que en estas maniobras habrían participado personas y empresas relacionadas con sectores inmobiliario, constructor, financiero, hotelero, aeronáutico, avícola, porcícola, cambiario y de juegos de suerte y azar, con el propósito de dar apariencia de legalidad a los bienes dentro de las actuaciones adelantadas.
Las autoridades buscan determinar cómo estos activos habrían permanecido ocultos y de qué manera las estructuras utilizadas permitieron sustraerlos del control institucional. De acuerdo con la Fiscalía, las operaciones investigadas habrían involucrado diferentes actividades económicas y sociedades que facilitaron la administración de los bienes. El procedimiento hace parte de las investigaciones de extinción del derecho de dominio, mecanismo mediante el cual se pretende afectar patrimonios que estarían relacionados con actividades ilícitas o con mecanismos destinados a ocultar su verdadero origen.
Las diligencias de ocupación fueron realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, con apoyo del Ejército Nacional, en Bogotá, Cali, Jamundí y Tuluá, en el Valle del Cauca, además de Sonsón, en Antioquia. Los procedimientos permitieron hacer efectivas las medidas cautelares sobre inmuebles, establecimientos de comercio y una sociedad. La operación territorial evidencia la dimensión geográfica de la investigación y el seguimiento realizado sobre activos ubicados en distintos municipios y departamentos del país durante las diligencias realizadas.
En Bogotá, las autoridades afectaron un apartamento, nueve parqueaderos, ocho oficinas y tres locales comerciales. En Cali, las medidas recayeron sobre dos garajes, un local comercial, tres lotes, una sociedad y dos establecimientos de comercio. Estos activos hacen parte del conjunto de propiedades identificadas durante el rastreo patrimonial adelantado por la Fiscalía. La diversidad de bienes y actividades comerciales vinculadas al caso refleja la variedad de mecanismos que habrían sido utilizados para administrar los recursos bajo investigación.
En Jamundí fueron afectados un inmueble urbano de cuatro pisos, donde funcionaba un hotel, y un lote. En Tuluá, la medida alcanzó un terreno, mientras que en Sonsón fueron intervenidos siete predios que conforman la hacienda La Porcelana. Esta última propiedad tiene una extensión de 1.083 hectáreas y constituye uno de los activos de mayor dimensión incluidos en la operación. Todos los bienes permanecerán sometidos a las medidas cautelares adoptadas dentro del proceso correspondiente en el marco de esta investigación.
El caso tiene como antecedente la investigación sobre uno de los presuntos grupos de testaferros que habría operado para el desaparecido narcotraficante del Cartel de Cali. La Fiscalía sostiene que los elementos recopilados permiten relacionar los activos con operaciones destinadas a ocultar, transformar y administrar recursos. Sin embargo, las medidas cautelares corresponden al desarrollo del proceso de extinción del derecho de dominio y deberán avanzar conforme a las actuaciones judiciales previstas para determinar la situación definitiva de cada bien.
Con la afectación de los 42 activos, la Fiscalía avanza en el propósito de seguir el rastro patrimonial de bienes que estarían relacionados con estructuras utilizadas para ocultar recursos y darles apariencia de legalidad. Los inmuebles, establecimientos comerciales y la sociedad intervenida, valorados en más de $44.900 millones, quedaron bajo control de las autoridades mientras continúa el trámite de extinción del derecho de dominio. La operación se concentra ahora en establecer jurídicamente la situación de cada uno de estos bienes.
