La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a cinco personas por presuntas irregularidades relacionadas con un contrato interadministrativo superior a $16.000 millones destinado a intervenir vías para el transporte público en Medellín. Entre los procesados figuran cuatro exfuncionarios de la administración distrital y un contratista del Instituto Tecnológico Metropolitano, ITM. El proceso se relaciona con la contratación de obras suscrita entre el 28 y el 29 de junio de 2023, según la investigación adelantada por el ente acusador.
Los acusados son Juan Carlos Torres Ojeda, exsecretario de Movilidad de Medellín; Mauricio Alonso Zuleta Estrada, exsubsecretario técnico; Estefanya Cuervo Sánchez, exsubsecretaria Jurídica; Rubén Darío López Giraldo, exdirector técnico de la Secretaría de Infraestructura, y Santiago Ortega Mateos, contratista del ITM. La investigación busca establecer la responsabilidad individual de cada uno frente a las decisiones y actuaciones desarrolladas durante el proceso contractual que contemplaba obras en diferentes sectores de la capital antioqueña.
El contrato tenía como propósito ejecutar trabajos en la comuna 10 y en los sectores de Manrique, Aranjuez, Belén, Villa Hermosa y Guayabal. Entre las actividades previstas estaban la demolición de estructuras, excavaciones, movimientos de tierra, construcción y adecuación de andenes y bahías, además del mantenimiento y reparación de pavimentos. De acuerdo con la Fiscalía, las obras estaban relacionadas con la recuperación e intervención de vías destinadas al transporte público de Medellín y fueron objeto de cuestionamientos durante la investigación.
Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía indican que la Secretaría de Movilidad habría contratado las obras pese a que, según el ente investigador, no tenía competencia para desarrollar ese tipo de actuaciones. La entidad estaría encargada de asuntos como semaforización y señalización vial, mientras que las competencias correspondían a la Secretaría de Infraestructura Física, con apoyo de la Secretaría de Servicios y Suministros. También fueron señaladas presuntas deficiencias en el análisis del sector y los estudios previos.
Otro de los aspectos cuestionados está relacionado con la ausencia de una justificación suficiente sobre el presupuesto oficial o valor del contrato. La Fiscalía también señaló que la contratación se realizó de manera directa durante la vigencia de la Ley de Garantías, pese a que, por la cuantía del negocio, debía adelantarse mediante un proceso de licitación pública. Estos elementos hacen parte de la acusación presentada ante las autoridades judiciales y serán discutidos durante las etapas correspondientes del proceso.
La Fiscalía atribuyó actuaciones específicas a los cinco procesados. Según la acusación, Torres Ojeda habría celebrado el contrato con conocimiento de las anomalías; Zuleta Estrada habría intervenido en el trámite sin verificar el cumplimiento de requisitos legales esenciales; y Cuervo Sánchez presuntamente otorgó la viabilidad jurídica. A su vez, López Giraldo y Ortega Mateos habrían certificado el cumplimiento de requerimientos cuando, de acuerdo con la investigación, la realidad contractual no correspondía con lo certificado.
Con base en estos elementos, un fiscal de Administración Pública de la Seccional Medellín acusó a las cinco personas por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Adicionalmente, Juan Carlos Torres Ojeda deberá responder en juicio por el delito de falsedad ideológica en documento público. La acusación formal marca una nueva etapa dentro del proceso y será en las instancias judiciales donde deberán analizarse las pruebas, las actuaciones cuestionadas y las responsabilidades individuales que correspondan.
El caso está relacionado con una contratación suscrita en 2023 para intervenir vías de Medellín y permanece bajo conocimiento de las autoridades judiciales. La Fiscalía indicó que la información corresponde a hechos investigados y a elementos materiales probatorios recopilados durante las actuaciones. La acusación no equivale a una sentencia y las responsabilidades deberán definirse dentro del proceso. El boletín fue divulgado el 18 de septiembre de 2026 por razones de interés general, según precisó la entidad.
