El Ministerio de Educación Nacional habilitó temporalmente al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, FFIE, para intervenir infraestructura física de instituciones de educación superior públicas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1421 del 17 de septiembre de 2026 y busca facilitar la recuperación de espacios universitarios ubicados en municipios comprendidos dentro de la emergencia económica, social y ecológica declarada por las autoridades nacionales.
La disposición amplía de manera temporal el objeto del FFIE y le permite viabilizar, financiar, estructurar y ejecutar proyectos relacionados con construcción, mejoramiento, adecuación, ampliación, rehabilitación y dotación de infraestructura física. El alcance está limitado a instituciones públicas de educación superior localizadas en los municipios incluidos en la emergencia, de acuerdo con las condiciones establecidas en el decreto y con los mecanismos que defina el Ministerio de Educación Nacional para orientar las intervenciones públicas.
Antes de avanzar con los proyectos, las afectaciones deberán contar con verificación y valoración técnica. Ese proceso deberá establecer el alcance de los daños y su costo estimado, mientras la priorización tendrá que responder a criterios técnicos, territoriales y presupuestales definidos por el Ministerio de Educación Nacional. Además, la ejecución estará condicionada a la disponibilidad de recursos, por lo que la habilitación del FFIE no implica que todas las instituciones afectadas reciban financiación automática correspondientes.
Los recursos para estas intervenciones provendrán de las fuentes destinadas a atender la emergencia, incluidos aquellos que puedan ser priorizados dentro del Presupuesto General de la Nación, siempre de acuerdo con las apropiaciones y disponibilidades presupuestales definidas previamente. De esta manera, el mecanismo busca concentrar la financiación en obras directamente asociadas con los daños ocasionados por el terremoto, bajo criterios de priorización y seguimiento establecidos para responder a las necesidades concretas de las zonas afectadas.
La habilitación del FFIE permanecerá vigente hasta que sea declarada la vuelta a la normalidad, conforme al artículo 64 de la Ley 1523 de 2012. Durante ese periodo, los recursos y facultades ampliadas no podrán utilizarse para intervenciones ajenas a los daños derivados del terremoto. La delimitación pretende mantener el alcance de la medida dentro de la emergencia y evitar que el mecanismo sea destinado a obras que no tengan relación directa con sus consecuencias públicas afectadas.
El Ministerio de Educación Nacional deberá coordinar con las instancias competentes la definición de los mecanismos técnicos, financieros y de seguimiento. Estos procedimientos permitirán verificar las afectaciones, establecer prioridades y acompañar la ejecución de los proyectos. El esquema incorpora, por tanto, una ruta que parte del diagnóstico técnico, continúa con la definición del alcance y costo, y depende después de la priorización y disponibilidad presupuestal para determinar las intervenciones que podrán ser financiadas de ejecución.
La medida se suma a las acciones adoptadas para procurar la continuidad del servicio educativo en los territorios afectados por el sismo. En el caso de las universidades públicas, la infraestructura física constituye uno de los componentes que requiere recuperación para atender las consecuencias del desastre. El decreto establece así una herramienta específica para canalizar proyectos de infraestructura, bajo condiciones técnicas, territoriales y presupuestales y con una vigencia limitada al periodo de emergencia de recuperación.
Con el Decreto 1421, el FFIE cuenta temporalmente con facultades para participar en la recuperación de infraestructura universitaria pública dañada por el terremoto. La decisión define responsabilidades, fuentes posibles de financiación, criterios de priorización y límites de uso de los recursos. El Ministerio de Educación Nacional será responsable de articular los mecanismos de verificación y seguimiento, mientras cada proyecto deberá demostrar su relación directa con las afectaciones ocasionadas por el sismo del 10 de agosto de 2026 respectivos.
