Un exoficial de la Policía fue enviado a prisión por su presunta responsabilidad en el desplazamiento forzado de un cantante de música popular, su familia y el mayordomo de una finca ubicada en Rionegro, Antioquia. La investigación de la Fiscalía estableció que un ataque armado, seguido de amenazas y seguimientos, habría buscado presionar a las víctimas para que desistieran de una denuncia relacionada con los hechos ocurridos en la propiedad. El uniformado fue identificado como Bladimir Alberto Londoño Londoño.
Los hechos se remontan a la madrugada del 29 de mayo de 2023, cuando cuatro hombres que se movilizaban en motocicletas llegaron hasta una finca de la vereda Las Cuchillas y dispararon repetidamente contra el portón principal. En ese momento permanecían en la vivienda la esposa y los hijos menores de edad del artista, otros familiares, el administrador y cuidador del inmueble, además de su familia. El ataque generó una situación de riesgo que posteriormente se extendió mediante nuevas acciones intimidatorias.
Las cámaras de seguridad de la finca permitieron identificar a varios de los presuntos responsables del ataque, entre ellos Londoño Londoño, quien para entonces era teniente y comandante de la Estación de Policía de Rionegro. Los señalados agresores fueron judicializados en su momento, aunque no recibieron medida de aseguramiento. La investigación continuó posteriormente para establecer qué ocurrió después del ataque y determinar si existieron actuaciones encaminadas a presionar a las víctimas para que retiraran la denuncia presentada ante las autoridades.
Después del ataque, los ocupantes del inmueble comenzaron a recibir llamadas y mensajes con amenazas y detectaron la presencia de personas extrañas que realizaban vigilancias en los alrededores de la finca. Para la Fiscalía, estas acciones habrían constituido una forma de presión dirigida a conseguir que fuera retirada la denuncia relacionada con el atentado. El acoso terminó modificando las condiciones de vida de las familias afectadas y aumentó el temor por posibles nuevos hechos violentos contra quienes permanecían en el predio.
La situación obligó a las familias del cantante y del mayordomo a abandonar Rionegro y trasladarse a Copacabana, también en Antioquia. Allí adoptaron medidas de protección que incluyeron esquemas de seguridad y vehículos blindados para reducir los riesgos. El cambio repentino de residencia tuvo además consecuencias emocionales, especialmente entre los menores de edad. La salida del territorio donde se encontraba la finca se produjo después de que las amenazas y seguimientos hicieran insostenible la permanencia de las familias en el lugar.
Con los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, la Fiscalía obtuvo una orden de captura contra Londoño Londoño. La detención fue realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, con apoyo del Gaula Militar y de la Policía Nacional. Para entonces, el señalado ya se encontraba desvinculado de la institución policial. La captura permitió llevar el caso ante la justicia y avanzar en la definición de su situación jurídica frente a los hechos investigados en Rionegro.
El exuniformado fue presentado ante una juez penal de control de garantías, ante quien un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos le imputó el delito de desplazamiento forzado agravado. Londoño Londoño no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Sin embargo, la autoridad judicial determinó que deberá cumplir una medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario mientras continúa el proceso y se determina su eventual responsabilidad penal por los hechos investigados.
El caso expone las consecuencias que tuvieron el ataque armado, las amenazas y los seguimientos denunciados por las víctimas, quienes terminaron abandonando su lugar de residencia y adoptando medidas extraordinarias de protección. La Fiscalía sostiene que las acciones buscaban influir sobre una denuncia previamente presentada y judicializó al exoficial por desplazamiento forzado agravado. El proceso continuará ante las autoridades competentes, bajo el principio de presunción de inocencia.
