El Pacto Histórico llegó al Congreso decidido a convertir la discusión sobre el ministro Mora en el primer gran pulso político contra el Gobierno de Abelardo De La Espriella. La apuesta era golpear al Ejecutivo precisamente en el terreno donde había anunciado un cambio de rumbo: la seguridad, pero el Senado terminó respaldando la permanencia del ministro Mora con 65 votos frente a 17, más allá del resultado parlamentario, lo importante es lo que queda planteado: el Gobierno conserva a su responsable de Defensa y el debate sobre seguridad entra en una nueva etapa, mucho más exigente para el Ejecutivo y también para una oposición que tendrá que mostrar algo más que capacidad de cuestionamiento.
La controversia nació del operativo del 27 de agosto en El Retorno, (Guaviare), contra una estructura armada ilegal, en el que murieron tres menores reclutados por ese grupo. La oposición cuestionó la operación, la información disponible y la responsabilidad política de la cartera de Defensa, el ministro Mora defendió la actuación de las Fuerzas Militares y sostuvo que las decisiones estuvieron sustentadas en inteligencia, el caso exige investigación, controles y explicaciones institucionales, pero también obliga a mirar el problema completo: detrás de esos menores había una organización armada que los reclutó, los incorporó a su estructura y los puso en medio de una confrontación que nunca debieron vivir.
Ahí aparece una de las principales discusiones políticas. Los menores reclutados son víctimas y su protección debe ser una prioridad del Estado, pero combatir a las organizaciones que los reclutan también forma parte de esa obligación, una política de seguridad no puede construirse ignorando a quienes ejercen la violencia, secuestran, reclutan y disputan el control territorial, el Gobierno sostiene que la Fuerza Pública debe recuperar iniciativa frente a esas estructuras, mientras sus contradictores cuestionan determinadas operaciones y decisiones, ambas posiciones pueden ser sometidas al escrutinio democrático, pero el País necesita que la discusión llegue a una pregunta más profunda: cómo recuperar autoridad estatal sin abandonar las reglas que protegen a la población civil.
El ministro Mora asumió el debate, respondió los cuestionamientos y defendió la actuación militar. En la Cámara de Representantes hubo más de cuatro horas de discusión y posteriormente el Senado tomó la decisión correspondiente, el resultado fue una mayoría amplia a favor de su permanencia, el dato es importante, pero no debe convertirse en el centro permanente de la discusión, una votación resuelve la situación política inmediata; no resuelve los problemas de seguridad que dieron origen al debate, esos problemas permanecen en los territorios y seguirán exigiendo decisiones del Gobierno, vigilancia del Congreso y respuestas concretas de la Fuerza Pública.
La oposición tiene todo el derecho a cuestionar al Ejecutivo, precisamente para eso existen el Congreso y sus mecanismos de control, pero si el Pacto Histórico pretende convertir la seguridad en uno de sus principales escenarios de confrontación, tendrá que explicar con claridad cuál es su alternativa frente a las organizaciones armadas, no basta con cuestionar una operación militar, también hay que responder qué hacer cuando un grupo criminal recluta menores, secuestra ciudadanos, controla corredores estratégicos o desafía abiertamente a las instituciones. La crítica política adquiere verdadera dimensión cuando viene acompañada de una propuesta capaz de enfrentar el problema que pretende denunciar.
Ese es el punto donde la discusión deja de ser sobre un funcionario y pasa a ser sobre dos concepciones distintas de seguridad. El Presidente De La Espriella llegó al poder anunciando un cambio de orientación frente a la política desarrollada durante el Gobierno anterior, su apuesta coloca nuevamente la capacidad operacional de la Fuerza Pública en el centro de la respuesta estatal, el ministro Jorge Enrique Mora es uno de los encargados de ejecutar esa decisión, por eso su permanencia tiene importancia política, pero también aumenta la exigencia sobre su gestión, si el Gobierno prometió recuperar autoridad, tendrá que demostrar que puede hacerlo con resultados y dentro de la Constitución y del Derecho Internacional Humanitario.
El Ejecutivo tampoco puede confundirse: el respaldo parlamentario no constituye un cheque en blanco. La seguridad se mide en los territorios, no en los aplausos del Congres, reducir la capacidad de las organizaciones criminales, proteger a las comunidades, combatir el reclutamiento de menores, enfrentar el secuestro y recuperar presencia estatal serán tareas mucho más importantes que cualquier victoria parlamentaria, el ministro de Defensa tendrá que responder por esa conducción y el Gobierno Nacional deberá asumir el costo político de sus resultados, la nueva política de seguridad tendrá que demostrar que puede producir una diferencia concreta en la vida de los colombianos.
También existe un antecedente político inmediato. La semana anterior, el Senado había rechazado la iniciativa contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se trata de un caso distinto y sus circunstancias no deben confundirse, pero ambos episodios muestran que el Gobierno conserva respaldo suficiente en el Senado para mantener a sus funcionarios mientras desarrolla su programa, eso cambia el escenario de la oposición: ya no se trata solamente de intentar abrir grietas dentro del gabinete, sino de disputar públicamente las políticas del Ejecutivo y construir argumentos capaces de convencer a las mayorías parlamentarias y a la ciudadanía.
En materia de seguridad, esa disputa será especialmente dura. El petrismo tendrá que decidir si quiere centrar su oposición en cuestionar cada operación de la Fuerza Pública o si pretende presentar una política alternativa frente a las estructuras armadas, el Gobierno, por su parte, tendrá que demostrar que autoridad no significa improvisación, que contundencia no significa desconocer las normas y que los resultados pueden alcanzarse protegiendo a la población, el ministro tendrá la responsabilidad de conducir esa política en uno de los asuntos más sensibles del País, allí se medirá la verdadera fortaleza de la nueva orientación.
La discusión, entonces, apenas empieza, lo que está en juego ya no es solamente la permanencia del ministro en el cargo, sino quién fija el rumbo de la seguridad colombiana y qué lugar ocupa el Estado frente a quienes durante años han disputado su autoridad. De La Espriella tiene que demostrar que su cambio de orientación puede traducirse en territorio recuperado, estructuras criminales debilitadas y ciudadanos protegidos, el Pacto Histórico, si quiere disputar ese rumbo, tendrá que presentar algo más que oposición a las decisiones de la Fuerza Pública: tendrá que explicar cuál es su respuesta frente a quienes reclutan menores, secuestran y ejercen violencia. Porque la seguridad no puede seguir siendo una batalla de discursos: el Estado tiene que recuperar la iniciativa, ejercer autoridad y demostrar en los territorios que su poder no está en discusión.
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