Una operación conjunta de la Fiscalía General de la Nación y la Dijin de la Policía Nacional permitió desarticular una presunta red dedicada a comercializar y distribuir ilegalmente insumos utilizados para la fabricación de explosivos. Seis personas fueron capturadas y judicializadas tras diligencias realizadas en municipios de Antioquia y Cundinamarca. Entre los elementos incautados se encuentran 17.500 detonadores y estopines, cerca de 1.500 metros de cordón detonante o mecha de seguridad y 75 kilogramos de clorato de potasio.
Los procedimientos se desarrollaron en Sonsón y Medellín, Antioquia, y en Lenguazaque, Guachetá, Pacho y Ubaté, Cundinamarca. De acuerdo con la investigación, los materiales eran comercializados y distribuidos mediante encomiendas, utilizando diferentes mecanismos para movilizar los insumos desde distintos puntos del país. La incautación permitió establecer la dimensión de la actividad atribuida a la estructura y sacar del circuito ilegal una cantidad significativa de elementos empleados en procesos relacionados con la fabricación de explosivos.
Entre los capturados se encuentra Mauricio Cuervo Saavedra, señalado como presunto articulador de la organización. Según la Fiscalía, tendría a su cargo acordar cantidades, precios y pagos, además de definir las diferentes modalidades de distribución. También fue detenido Diego Norbay Áviles Meneses, señalado como intermediario y responsable del traslado de materiales desde Ipiales, Nariño, hacia el centro del país. La investigación atribuye a cada integrante funciones diferenciadas dentro de la estructura.
Otro de los capturados es Edwin Jair Porras Vásquez, alias Simón, señalado de gestionar la devolución de insumos que habían sido incautados. También fue detenido Jonathan Jesús Molina Castillo, quien estaría involucrado en la recepción y distribución del material utilizando la apariencia de productos agrícolas. La Fiscalía señaló además a Eduardo Cortés Hernández, alias Chivito, como presunto responsable de labores de negociación y acopio en Ubaté, y a José Jair Arévalo Valladales, alias El Paisa, como posible proveedor mayorista.
La investigación permitió establecer, según la hipótesis de las autoridades, una cadena que involucraba suministro, intermediación, traslado, negociación, almacenamiento y distribución de los insumos. La utilización de encomiendas habría facilitado el movimiento del material entre diferentes regiones. Los allanamientos realizados en Antioquia y Cundinamarca permitieron localizar parte de esos elementos y avanzar simultáneamente en la identificación de las personas que, presuntamente, cumplían funciones específicas dentro de la estructura investigada.
Los elementos incautados quedaron bajo custodia de las autoridades como parte del proceso judicial. Entre ellos se encuentran los 17.500 detonadores y estopines, además del cordón detonante o mecha de seguridad y el clorato de potasio. La magnitud del material encontrado constituye uno de los principales resultados de la operación, al impedir que estos insumos continuaran dentro de una cadena de comercialización que, según la investigación, estaba orientada a abastecer actividades relacionadas con la fabricación ilegal de explosivos.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los 6 capturados, de acuerdo con la posible participación individual atribuida a cada uno, los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Ninguno de los procesados aceptó los cargos. La investigación y las actuaciones judiciales continuarán para establecer las responsabilidades individuales dentro de la estructura señalada por las autoridades.
La operación representa un golpe a una presunta cadena ilegal de suministro de materiales utilizados para fabricar explosivos, al afectar tanto los recursos disponibles como la logística necesaria para su distribución. Las diligencias desarrolladas en 6 municipios permitieron capturar a los señalados integrantes y decomisar cantidades importantes de insumos. Ahora será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad de cada procesado, mientras las autoridades avanzan en la investigación sobre el alcance y funcionamiento de esta estructura.
