La operación “Escudo de la Sabana” permitió a la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, desarticular estructuras de delincuencia común organizada señaladas de cometer hurtos contra conductores, transportadores y usuarios de las vías de Cundinamarca. Los grupos, identificados como “Los Rápidos” y “Los Pinchallantas”, utilizaban métodos para obligar a sus víctimas a detenerse y luego apoderarse de vehículos, mercancías y pertenencias. La intervención estuvo enfocada en recuperar la seguridad de corredores estratégicos y reducir el riesgo para quienes utilizan estas rutas.
De acuerdo con la investigación, “Los Rápidos” estaba integrada por seis personas y concentraba su actividad principalmente en el corredor Mosquera–Girardot. La organización habría utilizado una ambulancia para simular accidentes de tránsito y provocar la detención de los vehículos. Uno de los casos que permitió avanzar en la investigación ocurrió el 12 de noviembre de 2025, cuando un automotor de carga que transportaba elementos tecnológicos valorados en aproximadamente $2.000 millones fue interceptado mediante esta modalidad.
La reacción policial permitió recuperar el vehículo y las 20 toneladas de mercancía transportadas. A partir de ese caso, investigadores de la Dirección de Tránsito y Transporte, junto con la Fiscalía 4 Especializada de Estructura y Apoyo, adelantaron labores de inteligencia e investigación para identificar a los presuntos responsables. Cinco diligencias de registro y allanamiento permitieron materializar la captura de los seis integrantes, quienes se encontraban recluidos en centros carcelarios al momento de los procedimientos. El resultado permitió avanzar en el esclarecimiento del caso.
La acción contra esta primera estructura también alcanzó parte de sus recursos. Las autoridades realizaron el comiso de dos vehículos de carga y de la ambulancia que, según la investigación, era utilizada para ejecutar los hurtos. Los capturados deberán responder por los delitos que les sean atribuidos ante la autoridad competente. El procedimiento representa uno de los componentes de la operación dirigida a afectar tanto la capacidad operativa como los recursos empleados por estas organizaciones criminales que tenían como objetivo a quienes transitaban por las carreteras.
La segunda estructura, denominada “Los Pinchallantas”, estaba conformada por 11 personas y habría desarrollado actividades delictivas durante aproximadamente un año en corredores como La Mesa–Bogotá, Bogotá–Villavicencio y Bogotá–Tunja. Según la investigación, sus integrantes arrojaban puntillas, tachuelas y otros elementos sobre las carreteras para provocar daños en los neumáticos. Después, las víctimas eran presuntamente amenazadas con armas de fuego y, en algunos casos, retenidas mientras les hurtaban vehículos y pertenencias, principalmente durante la noche y en sectores con poca iluminación.
La investigación estableció además que “Los Pinchallantas” habría ampliado el alcance de sus acciones hacia los productos financieros de las víctimas. Entre los elementos presuntamente afectados estaban cuentas bancarias, billeteras digitales, tarjetas débito y crédito y aplicaciones financieras. Durante 2026, la estructura estaría relacionada con nueve hechos de hurto y una rentabilidad criminal estimada en aproximadamente $700 millones. La modalidad les permitía obtener recursos de manera adicional después de interceptar a los conductores. Diez diligencias de registro y allanamiento permitieron capturar a sus 11 presuntos integrantes.
Durante los procedimientos contra esta segunda organización fueron incautados un arma traumática, 13 teléfonos celulares, cuatro datáfonos, 10 tubos de PVC utilizados para elaborar elementos “pinchallantas” y un vehículo tipo Chana. En conjunto, la operación dejó 17 personas capturadas y permitió avanzar en el esclarecimiento de nueve hechos que habrían afectado a por lo menos 60 personas, entre ellas familias, menores de edad y mascotas. Las autoridades destacaron el impacto sobre usuarios de las carreteras y la afectación de los recursos de las organizaciones investigadas.
El resultado fue destacado por el mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos, jefe Nacional del Servicio de Policía, y por el coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte. Ambos señalaron que la estrategia busca anticiparse a las organizaciones que utilizan las carreteras para delinquir. Los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente por delitos como secuestro extorsivo agravado, concierto para delinquir agravado, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego. La institución reiteró el llamado a reportar situaciones sospechosas.
