Hay negocios que crecen en silencio porque encontraron la manera de convertir la vulnerabilidad, la atención y la intimidad en mercancía, mientras Colombia continúa atrapada en discusiones morales, una industria multimillonaria se expande alrededor de una economía digital que ya no depende de una sola plataforma, OnlyFans es apenas la cara visible de un ecosistema en el que Instagram, TikTok, Facebook, X, Telegram, Fanova y otras plataformas construyen audiencias, acumulan seguidores, viralizan contenidos y conducen tráfico hacia espacios privados o de pago.
Pero el problema no son las mujeres, una mujer adulta tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, su imagen, su intimidad y la manera en que obtiene ingresos. El Estado no puede convertir esa decisión en una persecución moral, la discusión relevante está en otro lugar: ¿quién realmente se beneficia de este negocio?, ¿qué responsabilidad tienen las plataformas?, ¿qué hacen sus algoritmos con la atención y los datos?, ¿qué ocurre cuando alguien quiere abandonar la actividad? Y, sobre todo, ¿quién responde cuando un contenido íntimo circula sin consentimiento?
Hablar de libertad también exige hablar de las condiciones económicas en las que se toman las decisiones, si una joven encuentra con facilidad un mercado dispuesto a pagar por su exposición, pero enfrenta dificultades para acceder a educación, crédito, empleo digno, emprendimiento o sectores de mayores ingresos, existe un problema que trasciende la moral, el Estado debe garantizar educación, formación tecnológica, idiomas, inteligencia artificial, programación, comercio electrónico, industrias creativas, crédito y empleo formal, no para decidir por ella, sino para ampliar su margen real de decisión.
Eso tampoco significa convertir a todas las mujeres que participan en esta industria en víctimas, algunas lo hacen conscientemente y tienen derecho a condiciones dignas y seguras, por eso la regulación debe ocuparse de asuntos concretos: monetización, algoritmos, protección de datos, seguridad, tributación, seguridad social, posibilidad de retirarse, explotación, captación y circulación no consentida. La discusión seria no consiste en señalar a quienes participan, sino en establecer las obligaciones de quienes administran las plataformas donde se genera, distribuye y monetiza este contenido.
Hay una frontera que no admite ambigüedades: los menores, un niño no debe ser expuesto a contenido sexual ni conducido, mediante recomendaciones, enlaces o comunidades digitales, hacia escenarios de grooming, explotación o sextorsión, los padres tienen responsabilidad, pero también las plataformas y las autoridades. La Ley 2564 de 2026 y las iniciativas que avanzan en el Congreso reflejan que Colombia comienza a reconocer esta amenaza, mientras UNICEF, INTERPOL y ECPAT han advertido sobre la dimensión internacional de la explotación sexual de niños y adolescentes en internet.
Estamos ante un problema de Estado. Internet no olvida: un contenido puede descargarse, copiarse, almacenarse, trasladarse a otra plataforma y reaparecer años después, una fotografía, un video o una conversación íntima pueden convertirse en instrumentos de humillación, violencia o extorsión. El alcance de los algoritmos puede multiplicar esa exposición en cuestión de horas, mientras quien aparece en el contenido pierde el control sobre su circulación, esa permanencia digital exige reglas claras sobre prevención, respuesta, protección de datos y responsabilidad de quienes facilitan la distribución y monetización.
Detrás de esta realidad también opera el crimen organizado, existen estructuras que utilizan la exposición digital para amenazar, estafar y extorsionar, mujeres pueden ser presionadas mediante supuestas deudas o cobros y terminar obligadas a entregar dinero o incluso a participar en actividades criminales, como realizar amenazas, cometer robos o intervenir en extorsiones, también hay víctimas amenazadas mediante perfiles, fotografías, conversaciones o contenidos íntimos, cuando esto ocurre, ya no estamos ante un asunto privado: estamos frente a una modalidad de delincuencia que exige investigación penal, seguimiento financiero y respuesta especializada.
Son nuevas “oficinas” que aprovechan el anonimato, la velocidad y el alcance de internet para operar como empresas criminales, el Estado debe identificar responsables, seguir el dinero, detectar patrones, intervenir redes y cerrar las rutas digitales utilizadas para delinquir, con respeto por el debido proceso y las garantías legales. La discusión no puede limitarse a cuánto contenido puede circular en internet, también debe preguntarse qué tan rápido están creciendo las estructuras que utilizan ese mismo ecosistema para extorsionar, amenazar, estafar y someter a otras personas.
Regular no significa censurar ni perseguir mujeres, significa establecer una frontera entre el contenido consentido entre adultos y la explotación, la coerción, la circulación no consentida y el delito. En este debate tiene especial relevancia la senadora del Pacto Histórico Deyci Alejandra Omaña Ortíz (Amaranta Hank), su experiencia dentro de esta industria y su defensa de condiciones dignas y seguras para quienes trabajan en ella le dan una perspectiva que el Congreso debe escuchar, sin embargo, Omaña pertenece a la Comisión Segunda, no a la Primera, donde debería concentrarse el primer debate de una iniciativa cuyo eje son derechos, garantías, intimidad, protección de menores, responsabilidades y sanciones.
El proyecto debería llegar a la Comisión Primera del Senado y, posteriormente, a su equivalente en la Cámara, con congresistas capaces de dominar el debate constitucional, penal y de derechos fundamentales. Omaña debe estár en esa discusión por su experiencia, pero la conducción legislativa corresponde a quienes integran las comisiones competentes y sepan convertir esa experiencia en una regulación sólida. El Gobierno y el Congreso deberían convocar a MinTIC, MinEducación, MinTrabajo, MinJusticia, ICBF, Fiscalía, Policía, expertos, padres, organizaciones de mujeres, trabajadoras del sector y plataformas digitales para construir una respuesta integral.
Al mismo tiempo, el Estado debe fortalecer las condiciones que permiten construir independencia económica por fuera de este mercado. Educación, empleo, crédito, capacitación y acceso a nuevas tecnologías no pueden quedarse en programas dispersos ni en promesas de campaña, deben convertirse en instrumentos concretos para quienes buscan otros caminos, una sociedad que pretende ampliar la libertad de sus ciudadanos tiene que preocuparse no solo por aquello que pueden vender, sino también por aquello que pueden aprender, crear, producir y desarrollar para construir un proyecto de vida sostenible.
El Estado tiene una obligación que no admite excusas: proteger a los menores en todas las etapas. Las plataformas deben verificar la edad, impedir el acceso de niños a contenidos sexuales, detectar grooming y sextorsión, retirar material ilícito, preservar evidencia y reportar de inmediato a las autoridades. El incumplimiento debe traducirse en multas proporcionales a sus ingresos, sanciones agravadas por reincidencia, suspensión temporal e incluso bloqueo ante faltas graves y sistemáticas. Las plataformas que lucran con la atención no pueden seguir lavándose las manos cuando sus algoritmos, sus sistemas de recomendación y sus comunidades son utilizados para captar, explotar y extorsionar a menores, si saben que el riesgo existe, tienen los recursos para prevenirlo y aun así prefieren proteger sus ingresos antes que proteger a un niño, no son simples intermediarias: son empresas que deben responder por las consecuencias de aquello que permiten, facilitan y amplifican.
Columna de. Juan Pablo Castillo
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