Colombia enfrenta un escenario de presión sobre su sistema energético ante la posible llegada del fenómeno de El Niño. El documento del Ministerio de Minas y Energía identifica cuatro riesgos que se potencian entre sí: una cartera de $4,63 billones en el Mercado de Energía Mayorista, una autonomía de gas estimada en 5,9 años, retrasos en nueva generación y un déficit de energía firme de 8,6 % para 2026-2027. El escenario plantea decisiones durante el cuarto trimestre de 2026.
Uno de los principales factores señalados es el déficit de energía firme, estimado en 8.030 GWh-año para 2026-2027 y en 7.841 GWh-año para 2027-2028. El material también advierte que solo habría ingresado el 16,4 % de los 4.475 MW de nueva generación esperados para 2026. A esto se suma que cerca del 60 % de los proyectos de transmisión presenta retrasos. Para el área oriental, que incluye Bogotá, Cundinamarca, Meta y Guaviare, algunos proyectos acumulan entre 10 y 12 años de demora.
El abastecimiento de gas constituye otro frente de atención. El documento señala que las reservas probadas actuales permitirían una autonomía de 5,9 años, pero advierte sobre un posible déficit nacional desde febrero de 2027. Cerca del 30 % de la demanda se atiende actualmente con gas importado. Para fortalecer el respaldo térmico, el Ministerio reporta la disponibilidad adicional de 58 MPCD y el avance de proyectos de suministro y regasificación. También se contempla un proyecto en Córdoba que podría aportar 10 Mpcd desde febrero de 2027.
La relación entre agua y energía adquiere especial importancia durante un periodo de menores aportes hídricos. El documento señala que los sistemas de acueducto requieren electricidad para captación, bombeo y tratamiento, mientras que la disminución de caudales puede incrementar los costos de potabilización. El material identifica además 558 municipios en riesgo alto o muy alto de desabastecimiento, de los cuales 111 están clasificados en nivel muy alto y 447 en nivel alto. El dato corresponde a la información reportada por MinVivienda en septiembre de 2026.
Frente a este panorama, el Ministerio reporta una inversión de $1,9 billones dentro del denominado Plan Energía YA. De ese monto, $1,5 billones están destinados al pago de deuda corriente y a generar flujo de caja para generadores térmicos, con un giro inicial de $300.000 millones al fondo empresarial. También se contemplan $369.000 millones para subsidios de energía y gas, además de $20.200 millones para capitalizar DISPAC y fortalecer el servicio a usuarios afectados por el terremoto en Chocó, junto con autorización de crédito por $4.411 millones.
Entre las medidas institucionales aparece la creación del Comité Sectorial para la Seguridad Energética Nacional, mediante la Resolución MME 40491 de 2026. Su función incluye coordinar, hacer seguimiento y evaluar acciones frente a afectaciones provocadas por eventos naturales, limitaciones técnicas, operacionales o de infraestructura. El plan también reporta medidas para fortalecer la demanda, entre ellas la asignación de 72 MW de capacidad excedentaria, el análisis de 202 MW adicionales y programas transitorios de incentivos al uso eficiente de la energía.
El abastecimiento de combustibles líquidos y gas para las plantas térmicas también tendrá seguimiento preventivo. El Ministerio plantea monitoreo diario de inventarios, autonomía, consumos, importaciones y logística, acompañado de mesas técnicas semanales con plantas térmicas y agentes de la cadena. También se contempla coordinación con la DIAN y los ministerios de Transporte, Defensa e Interior para atender riesgos asociados con importaciones, nacionalización, transporte y orden público. En paralelo, se proyectan nuevas capacidades de regasificación en el Pacífico para noviembre de 2026 y Puerto Bahía para 2027.
La estrategia plantea además un esquema de responsabilidades compartidas entre Gobierno, empresas y ciudadanía. El Estado contempla subsidios al día, liquidez, financiación y aceleración de proyectos; las empresas deberán aportar disponibilidad térmica, cumplir cronogramas y entregar información para el seguimiento público; mientras los usuarios deberán contribuir mediante el uso eficiente de energía, agua y gas. El documento presenta esta coordinación como un esfuerzo colectivo frente a El Niño, con medidas inmediatas y una hoja de ruta orientada hacia la seguridad energética de largo plazo.
