Colombia reafirmó su compromiso con la cooperación regional para enfrentar la delincuencia organizada transnacional durante la reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Quito. El canciller Omar Bula Escobar destacó los avances alcanzados mediante la Decisión 922 de la Comunidad Andina y respaldó una segunda fase del Plan de Acción Resolutivo, orientada a convertir los compromisos regionales en resultados verificables. La propuesta contempla indicadores, responsabilidades definidas y mecanismos de seguimiento para fortalecer la respuesta conjunta de los países miembros.
Uno de los asuntos centrales fue el combate al tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos. Colombia respaldó la adopción del reglamento del comité operativo especializado en armas pequeñas y ligeras, considerado un instrumento para mejorar la coordinación entre las autoridades andinas. El acuerdo se suma a los esfuerzos regionales para enfrentar estructuras criminales que operan más allá de las fronteras nacionales. La Comunidad Andina también ha planteado fortalecer el intercambio de información, la cooperación operativa y las capacidades institucionales para responder ante estas amenazas.
La agenda de seguridad registra avances concretos. Entre 2024 y junio de 2026 se realizaron aproximadamente 200 operaciones coordinadas en zonas fronterizas, con participación destacada de Colombia, Ecuador y Perú. Estas acciones hacen parte de la aplicación de la Decisión 922, adoptada para establecer medidas conjuntas contra la delincuencia organizada transnacional. El instrumento contempla actuaciones en frontera, operaciones coordinadas y mecanismos de cooperación entre los países miembros. Para Colombia, consolidar estos mecanismos resulta fundamental frente a organizaciones criminales que aprovechan los espacios fronterizos para desarrollar actividades ilícitas.
La cooperación penitenciaria también ocupó un lugar dentro de los acuerdos respaldados por Colombia. El objetivo es mejorar la coordinación regional frente a delitos relacionados con organizaciones criminales, entre ellos la extorsión, el tráfico de drogas y el lavado de activos. La declaración adoptada por los países andinos plantea fortalecer la respuesta institucional y evitar que las estructuras delictivas mantengan capacidad de operación desde los centros penitenciarios. Esta línea complementa las acciones de seguridad fronteriza y el intercambio de información contemplados dentro del marco regional de cooperación.
El Estatuto Migratorio Andino fue otro de los asuntos abordados durante la reunión. El canciller Bula resaltó la importancia de garantizar una movilidad humana segura entre los países de la Comunidad Andina, al tiempo que se fortalecen los mecanismos de protección de derechos y coordinación institucional. La actualización del Estatuto busca responder a nuevas dinámicas migratorias y mejorar el intercambio de información entre las autoridades. Para Colombia, este proceso también debe contemplar los movimientos asociados con actores vinculados a organizaciones criminales transnacionales que operan en la región.
La agenda andina incluyó además asuntos sociales relacionados con la primera infancia. Colombia respaldó el Plan de Acción Inmediato contra la Desnutrición Crónica Infantil y la Anemia Materno-Infantil 2026-2030, concebido para fortalecer respuestas intersectoriales y adaptadas a las particularidades de cada territorio. El acuerdo incorpora una dimensión social dentro de la agenda de integración regional y busca concentrar esfuerzos en poblaciones especialmente vulnerables. Los países miembros plantean así combinar cooperación institucional, intercambio de experiencias y acciones coordinadas para atender problemas que trascienden las fronteras nacionales.
En materia ambiental y de gestión del riesgo, Colombia también apoyó la declaración relacionada con los posibles efectos del fenómeno de El Niño 2026-2027. La propuesta plantea fortalecer la anticipación, compartir información científica y mejorar la coordinación regional para proteger a las poblaciones expuestas. La cooperación adquiere especial relevancia ante fenómenos climáticos que pueden afectar simultáneamente a varios países andinos, con consecuencias sobre disponibilidad de agua, producción, infraestructura y condiciones sociales. El intercambio oportuno de información permitirá fortalecer la capacidad de prevención y respuesta.
La reunión dejó como eje una agenda regional que combina seguridad, movilidad humana, protección social y gestión ambiental. En seguridad, la Comunidad Andina avanza hacia una segunda fase de la Decisión 922, mientras mantiene acciones contra el tráfico de armas, la minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos. La declaración regional también contempla continuar fortaleciendo la cooperación contra estas amenazas durante 2027. Colombia respaldó este proceso y planteó la necesidad de convertir los acuerdos políticos en acciones medibles, coordinadas y sostenibles.
