La Cancillería informó que Colombia decidió retirarse de la Coalición para la Igualdad de Derechos, mecanismo internacional del que el país hacía parte desde 2024. La decisión fue comunicada el 17 de septiembre de 2026 por el viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa. Según explicó, la determinación fue adoptada después de un análisis sobre la participación del país y concluyó que permanecer en este mecanismo no era considerado prioritario para la política exterior colombiana.
Roa señaló que la salida de la coalición no implica, según la posición oficial de la Cancillería, una afectación de los derechos reconocidos y protegidos en Colombia. El funcionario sostuvo que el país cuenta con disposiciones constitucionales, políticas públicas, normas y decisiones judiciales relacionadas con la protección de las minorías por orientación sexual. La explicación fue presentada para precisar que la decisión diplomática se refiere a la participación en un mecanismo internacional y no a la eliminación de garantías jurídicas existentes.
La Coalición para la Igualdad de Derechos, conocida internacionalmente como ERC, reúne a Estados que trabajan en asuntos relacionados con el reconocimiento y la protección de los derechos de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Colombia formalizó su ingreso como Estado miembro número 45 en diciembre de 2024 y asumió entonces una copresidencia por dos años. Ese antecedente permite ubicar la decisión anunciada ahora dentro de un cambio respecto de la participación internacional que el país había mantenido en esta plataforma.
De acuerdo con la Cancillería, el retiro responde específicamente a una valoración sobre la prioridad de continuar dentro del mecanismo. El comunicado no presenta detalles sobre los criterios utilizados en ese análisis ni establece nuevos compromisos internacionales que sustituyan la participación de Colombia en la coalición. Tampoco señala modificaciones a las normas nacionales mencionadas por el viceministro. Por ello, la información divulgada centra la decisión en el ámbito de la política exterior y separa esa determinación de las garantías jurídicas vigentes en el territorio nacional.
El viceministro Roa afirmó que Colombia mantiene un marco de protección basado en la Constitución Política, políticas públicas, normas y sentencias de la Corte Constitucional. La declaración oficial no relaciona la salida de la coalición con una modificación de ese conjunto normativo. La Cancillería presentó estos elementos como parte de la explicación institucional sobre el alcance de la decisión, mientras el retiro se limita, según lo informado, a la participación de Colombia en la Coalición para la Igualdad de Derechos.
La decisión marca una diferencia frente a la posición adoptada por Colombia en diciembre de 2024, cuando la Cancillería informó que el país ingresaba a la ERC y asumía su copresidencia junto con España y una organización de la sociedad civil. En aquella oportunidad, el Ministerio describió la coalición como un espacio para fortalecer el trabajo internacional relacionado con los derechos de personas LGBTQI+. La nueva determinación modifica esa participación, de acuerdo con la explicación entregada este 17 de septiembre.
La información oficial conocida hasta ahora no detalla si el retiro tendrá efectos sobre programas específicos de cooperación, iniciativas multilaterales o actividades que Colombia hubiera desarrollado dentro de la coalición. Tampoco se informaron nuevas estructuras para reemplazar ese espacio de participación. El anuncio se concentra en la decisión administrativa y diplomática y en la explicación ofrecida por el viceministro. Cualquier alcance adicional deberá establecerse mediante futuras comunicaciones oficiales de la Cancillería o de las entidades involucradas.
Con esta determinación, Colombia deja de participar en la Coalición para la Igualdad de Derechos, mientras la Cancillería sostiene que las garantías nacionales relacionadas con la protección de las minorías por orientación sexual permanecen respaldadas por el marco jurídico colombiano. El anuncio abre una nueva etapa en la participación internacional del país sobre este mecanismo, después de su ingreso en 2024 y del periodo de copresidencia anunciado entonces. La decisión fue presentada como resultado de una evaluación de prioridades de política exterior.
