Bogotá abrió una nueva convocatoria para vincular a propietarios, poseedores y organizaciones sociales rurales de Cundinamarca al programa de Pago por Servicios Ambientales Hídricos, una estrategia que reconoce económicamente a quienes conservan, restauran y utilizan de manera sostenible ecosistemas estratégicos para el abastecimiento de agua de la capital. La convocatoria estará abierta entre el 28 de septiembre y el 17 de octubre de 2026, y contempla predios ubicados en zonas priorizadas de Guasca, La Calera, Sesquilé y Guatavita.
La iniciativa, liderada por la Secretaría Distrital de Ambiente, busca fortalecer la protección de áreas rurales cuyo recurso hídrico drena hacia la cuenca del río Bogotá. El programa incorpora a personas naturales y organizaciones comunitarias, entre ellas juntas de acción comunal, asociaciones de acueductos y cooperativas. La convocatoria dará especial relevancia a predios cuyos propietarios o comunidades desarrollen acciones colectivas de conservación, con el propósito de reconocer el aporte que realizan al cuidado de los ecosistemas que sostienen el abastecimiento hídrico de la ciudad.
En Guasca podrán participar predios ubicados, entre otras, en las veredas Flores, La Floresta, Pastor Ospina, San Isidro, Santa Ana y Santuario. En Guatavita fueron priorizadas zonas como Carbonera Alta, Carbonera Baja, Chaleche, Choche y Guandita. Para La Calera se contemplan sectores como Altamar, Aurora Alta, Aurora Baja, El Hato, El Rodeo, Frailejonal y San Rafael, mientras que en Sesquilé aparecen Chaleche, El Hato, Ranchera y Tierra Negra dentro de las áreas señaladas para la convocatoria.
Las personas interesadas deberán diligenciar el Formulario de postulación al programa de Pago por Servicios Ambientales Hídricos y enviarlo, junto con los documentos requeridos, al correo postulacionespsa@ambientebogota.gov.co, utilizando como asunto “Postulación Programa PSAH”. El proceso está dirigido tanto a propietarios como a poseedores y organizaciones colectivas, por lo que los requisitos documentales varían según la condición jurídica de quien presente la solicitud y las características del predio incluido en la postulación.
Para los propietarios se solicita documento de identidad y certificado de tradición y libertad. Los poseedores deberán presentar documento de identidad y, cuando aplique, certificado de tradición y libertad con la inscripción correspondiente de la posesión, además del recibo de impuestos del último año, recibos de servicios públicos de los últimos tres meses y declaración extrajuicio de posesión. Estos documentos permitirán verificar las condiciones jurídicas y administrativas requeridas para avanzar en la evaluación de cada solicitud presentada.
En el caso de las organizaciones colectivas, la documentación incluye certificado de Cámara de Comercio o IDACO, Registro Único Tributario, estatutos de la organización y documentos de identidad de su representante legal y de los propietarios o poseedores de los predios que integran el colectivo. La convocatoria reconoce así la participación de estructuras comunitarias que desarrollan acciones conjuntas, ampliando las posibilidades de vinculación al programa y fortaleciendo el componente social de la protección ambiental en las zonas rurales priorizadas.
Las postulaciones serán recibidas hasta el 17 de octubre y serán evaluadas en estricto orden de llegada, de acuerdo con los criterios técnicos, jurídicos y sociales definidos por la Secretaría Distrital de Ambiente. La entidad también estableció que los interesados deben revisar previamente los Términos y Condiciones, documento donde se detallan los requisitos de elegibilidad, los criterios de evaluación, selección y priorización de los predios, así como las condiciones que deberán cumplir las solicitudes para continuar dentro del proceso.
Con esta convocatoria, Bogotá busca ampliar la participación de las comunidades rurales en la conservación de los ecosistemas estratégicos que contribuyen al abastecimiento de agua de la ciudad. El programa de Pago por Servicios Ambientales Hídricos plantea un reconocimiento económico a quienes desarrollan acciones de protección, restauración y uso sostenible en los territorios priorizados. La Secretaría Distrital de Ambiente podrá verificar la autenticidad de la información y los soportes entregados durante el proceso.
