Una auditoría ordenada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio puso bajo revisión proyectos financiados con recursos públicos destinados a vivienda, agua y saneamiento básico. El proceso identificó obras estancadas, posibles deficiencias técnicas, recursos comprometidos sin resultados y situaciones que, según los hallazgos preliminares, requieren ser examinadas por las autoridades competentes. El Ministerio anunció que trasladará la información correspondiente para establecer si existieron irregularidades y determinar las responsabilidades a que haya lugar.
Uno de los casos encontrados corresponde a un proyecto de agua y alcantarillado en La Guajira, donde se invirtieron más de $8.000 millones para construir una planta destinada a contribuir a solucionar las necesidades de agua de la población. Sin embargo, la revisión realizada por la cartera encontró que la obra no tendría garantizada una fuente de captación cercana. Esta situación puso en cuestión su funcionalidad y abrió interrogantes sobre la planeación y viabilidad del proyecto.
La auditoría también identificó 42 proyectos de agua ubicados en diferentes regiones del país, con recursos comprometidos por más de $1,14 billones. De ese conjunto, 23 presentarían presuntas deficiencias en sus requisitos técnicos para ser ejecutados, según los hallazgos preliminares de la revisión. Para el Ministerio, el panorama plantea la necesidad de establecer por qué fueron comprometidos recursos en iniciativas cuya viabilidad no estaría garantizada, mientras comunidades continúan esperando soluciones de agua potable.
En materia de vivienda, la revisión encontró un proyecto dirigido principalmente a comunidades afro e indígenas de Cauca y Nariño, con recursos comprometidos por más de $60.000 millones para construir 327 viviendas. De acuerdo con la información analizada por el Ministerio, después de 4 años no se ha entregado ninguna de las viviendas previstas. En contraste, durante ese periodo se ejecutaron cerca de $143 millones correspondientes a labores de interventoría. La cartera busca establecer las razones del estancamiento.
Otro de los casos bajo investigación corresponde a un proyecto para construir 36 viviendas en Caquetá, con recursos comprometidos por más de $3.200 millones. Durante el análisis de las evidencias, el Ministerio encontró elementos que, preliminarmente, podrían indicar que una misma vivienda habría sido presentada para justificar más de una solución habitacional. Ante este hallazgo ya fueron presentadas denuncias ante las autoridades competentes, mientras avanza la revisión destinada a establecer qué ocurrió con los recursos comprometidos.
La auditoría también revisó la contratación por prestación de servicios del propio Ministerio de Vivienda. Según las cifras analizadas, este tipo de contratación pasó de cerca de $61.000 millones en 2022 a $111.000 millones en 2026, lo que representa un incremento superior al 80 %. La entidad anunció que examinará esta evolución para determinar su relación con los resultados obtenidos y con las necesidades reales de la institución. El análisis hace parte de la revisión integral ordenada por la actual administración.
Para el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, la auditoría debe ir más allá de identificar proyectos detenidos o dificultades técnicas. La revisión busca establecer qué ocurrió con los recursos públicos, por qué no se transformaron en soluciones para las comunidades y quién tendría que responder por las decisiones adoptadas. El Ministerio anunció que continuará examinando los proyectos y trasladará los hallazgos a las autoridades competentes, que deberán determinar si existieron irregularidades y responsabilidades.
El Ministerio de Vivienda inició así una revisión proyecto por proyecto y peso por peso de los recursos destinados a vivienda, agua y saneamiento, con especial atención sobre obras cuya ejecución presenta cuestionamientos o resultados pendientes. Entre los hallazgos aparecen 42 proyectos de agua con más de $1,14 billones comprometidos, 23 con presuntas deficiencias técnicas, viviendas sin entregar y un aumento superior al 80 % en contratación por prestación de servicios.
