La decisión del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella de levantar la suspensión general de los permisos individuales para el porte de armas abrió un debate que trasciende las posiciones políticas. La discusión adquirió mayor tensión luego de que un adolescente de 17 años ingresara armado a una institución educativa de Medellín, disparara dentro del plantel y posteriormente se autolesionara. El episodio, ocurrido en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, todavía permanece bajo investigación de las autoridades.
La coincidencia entre ambos acontecimientos provocó una inmediata confrontación política. El senador Alexander Flórez llevó el caso a la Comisión Primera del Senado para cuestionar la decisión gubernamental, pero el hecho ocurrido en Medellín no puede convertirse automáticamente en una prueba de que el Decreto 1368 lo ocasionó. Tampoco resulta responsable atribuir el episodio a una supuesta maniobra de la oposición sin evidencia. Una tragedia bajo investigación exige prudencia, especialmente cuando puede ser utilizada para alimentar posiciones políticas enfrentadas.
El Decreto 1368, expedido el 8 de septiembre de 2026, levantó la suspensión general de los permisos individuales para el porte de armas. La medida, sin embargo, no establece un régimen de porte libre ni elimina los requisitos existentes. Los permisos continúan sujetos a condiciones, restricciones y controles, mientras aquellos que estén vencidos, suspendidos, cancelados o revocados no habilitan a sus titulares. La decisión sí refleja una definición política: permitir que determinados ciudadanos autorizados puedan disponer de un arma como mecanismo excepcional de defensa personal.
El argumento a favor parte de una realidad que difícilmente puede ignorarse. Comerciantes sometidos a extorsiones, personas amenazadas, trabajadores que transitan por zonas apartadas y ciudadanos perseguidos por estructuras criminales pueden considerar un arma legal como una herramienta adicional para proteger su vida. El delincuente, además, nunca ha necesitado una autorización para portar armas. Pero reconocer esa realidad tampoco significa entregar un cheque en blanco. Un arma legal puede perderse, ser robada, prestada, vendida clandestinamente o desviada hacia organizaciones criminales.
Ahí aparece la principal paradoja de la nueva política: un ciudadano puede buscar un arma para protegerse de la delincuencia, mientras una estructura criminal puede intentar obtenerla precisamente desde quienes tienen autorización legal. Colombia ya enfrenta un problema considerable de circulación ilegal. Entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026, la Fuerza Pública reportó 15.700 armas de fuego incautadas, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con actividades delictivas. También fueron encontrados elementos vinculados con disidencias de las FARC, Clan del Golfo y ELN.
Por eso, el éxito de la medida dependerá menos del discurso político y más de la capacidad institucional para controlar cada arma autorizada. El Estado deberá saber quién la tiene, dónde permanece, qué procedimiento opera cuando desaparece y con qué rapidez se informa un robo o pérdida. También deberá impedir que los permisos terminen funcionando como una puerta de entrada al mercado ilegal. Una sociedad con ciudadanos armados no necesariamente es más segura si la trazabilidad, supervisión y respuesta institucional resultan insuficientes.
El Gobierno tendrá que asumir la responsabilidad política de su decisión y demostrar con resultados que el levantamiento de la suspensión puede funcionar bajo controles estrictos. La oposición, por su parte, tiene legitimidad para cuestionar la política, pero también deberá evitar que cada hecho violento sea presentado como consecuencia automática de una decisión gubernamental. El caso de Medellín todavía debe esclarecer cómo llegó el arma al adolescente y qué ocurrió después, incluyendo la presunta intervención de dos hombres que habrían tomado el arma.
La pregunta de fondo no consiste únicamente en determinar si un ciudadano autorizado puede portar un arma, sino en establecer qué ocurre cuando el sistema de control falla. El Estado no puede convertir la legítima defensa en sustituto de la seguridad pública: un arma no reemplaza a la Policía, la inteligencia, la justicia ni la prevención. El Decreto 1368 será evaluado por sus resultados, y el verdadero desafío será demostrar que las armas autorizadas permanecen bajo control legal, sin alimentar precisamente a quienes el ciudadano busca enfrentar.
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