Hay semanas que concentran en pocos días buena parte de las tensiones de un país. Colombia acaba de atravesar una de ellas: un cambio de Gobierno, la elección de un nuevo Contralor General, un terremoto de gran magnitud y, en medio de la emergencia, una sucesión de episodios que volvieron a poner en evidencia la profunda dificultad de nuestra política para distinguir entre la controversia legítima y la pérdida de sensatez.
El 7 de agosto de 2026 comenzó formalmente una nueva etapa política para Colombia con la posesión de Abelardo De La Espriella. Tres días después, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió al País y obligó a concentrar la atención en las víctimas, en las comunidades afectadas y en la capacidad de respuesta del Estado.
Era uno de esos momentos en los que la política debería haber cedido espacio a la solidaridad. No ocurrió del todo.
La indolencia de unos minutos
La reacción de la insensata influencer Jerome Sanabria constituye uno de los episodios más desafortunados de estos días. Pocos minutos después del terremoto publicó en redes sociales: “Milei dijo ‘zurdos hdp, tiemblen’ y Colombia tembló…”. El trino fue posteriormente eliminado por ella y Sanabria reconoció que se trató de un error. Pero el episodio no puede analizarse únicamente a partir de la posterior eliminación de la publicación. Lo verdaderamente significativo fue el momento en que decidió hacerla pública: cuando todavía no se conocía la dimensión de la tragedia, cuando miles de colombianos intentaban comunicarse con sus familiares y cuando las autoridades apenas comenzaban a establecer el alcance de la emergencia.
Hay una diferencia sustancial entre cometer un error en medio de una discusión política y utilizar una tragedia nacional como recurso para una provocación política. La segunda conducta revela algo más profundo: una preocupante incapacidad para reconocer que existen circunstancias frente a las cuales la disputa política debe detenerse. La posterior reacción pública llevó a Jerome a reconocer el error. Pero reconocer que una publicación fue equivocada no equivale necesariamente a una disculpa sincera ni borra las circunstancias que produjeron la indignación.
La presión social fue evidente y la reacción llegó cuando el rechazo a su conducta ya era generalizado. El tema es claro ella no ofreció excusas sinceras. El país tenía derecho a cuestionarla. No por su posición política, sino por su falta de sensibilidad frente a una tragedia. Acto seguido el buen Daniel Briceño salió a lavarle la cara en “La Milagrosa”, pero este episodio también resulta cuestionable la intervención del Representante Daniel Briceño, quien salió a cuestionar las críticas contra Sanabria y terminó, en la práctica, lavándole la cara. No, Daniel, la política no puede convertirse en una actividad de defensa automática de los propios. Si alguien comete un error, particularmente uno relacionado con una tragedia que afecta a millones de personas, no necesita que otro dirigente político construya una explicación para atenuarlo. Necesita asumirlo.
Briceño tiene todo el derecho de cuestionar lo que considere una persecución política o una reacción desproporcionada. Pero una cosa es defender el derecho de alguien a equivocarse y otra muy distinta es intentar minimizar la gravedad del comportamiento. En una democracia madura, la solidaridad política no debería implicar la renuncia al criterio. La defensa de los propios no puede convertirse en una suerte de fuero moral.
El petrismo y la tentación de encontrarle política a la naturaleza
Pero la crítica tampoco puede ser selectiva. Mientras Jerome Sanabria utilizaba el terremoto como instrumento de provocación política, desde sectores del petrismo comenzaron a circular mensajes que pretendían relacionar el desastre con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia. Es necesario decirlo con claridad: atribuir un fenómeno natural a un resultado electoral no es una interpretación política. Es una muestra de irracionalidad. Un terremoto no tiene partido, no vota y no responde a los cambios de Gobierno. La llegada de un nuevo presidente no provoca movimientos tectónicos, de la misma manera que la derrota de un candidato no puede explicarlos. El problema de esas afirmaciones no está solamente en su evidente falta de fundamento.
Está en la lógica que las produce: la convicción de que absolutamente todo acontecimiento puede y debe ser incorporado a la confrontación política. Esa lógica termina siendo peligrosa porque elimina la capacidad de distinguir entre hechos y narrativas. Y un país no puede enfrentar una tragedia desde la narrativa. Tiene que enfrentarla desde la realidad.
La emergencia y las preguntas que deja la UNGRD
En medio de esta discusión apareció un asunto de mucha mayor gravedad institucional: la actuación de Javier Pava al frente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres durante las primeras horas posteriores al terremoto. Una comunicación inicial planteó que no era necesario activar determinados equipos internacionales especializados de búsqueda y rescate. Posteriormente la decisión cambió y Colombia terminó gestionando asistencia internacional. Pava ha defendido su actuación y ha explicado que la posición institucional evolucionó durante el desarrollo de la emergencia.
Precisamente por eso, el asunto debe ser esclarecido con absoluta transparencia. No se trata de convertir una decisión técnica en una acusación política anticipada. Tampoco de absolverla sin explicación. Se trata de establecer qué información tenía la UNGRD, qué criterios se utilizaron, quién tomó las decisiones y por qué cambiaron. Cuando existe la posibilidad de recibir asistencia especializada para rescatar personas después de una tragedia, cada decisión merece ser explicada. La gestión del riesgo no puede estar sometida a intereses partidistas. Tampoco puede quedar atrapada en la lógica de que cualquier cuestionamiento constituye un ataque político. La emergencia exige rigor.
El nuevo mapa del poder
Mientras el país atendía las consecuencias del terremoto, el Congreso eligió a Jorge Eliécer Laverde como Contralor General de la República. La elección cerró una disputa política que durante días había concentrado la atención del Congreso y confirmó que el nuevo escenario parlamentario está comenzando a adquirir su propia dinámica. La responsabilidad de Laverde será enorme. La Contraloría tendrá que ejercer control fiscal sobre el nuevo Gobierno, pero también tendrá que examinar las actuaciones y los recursos administrados durante el Gobierno anterior. Su legitimidad dependerá, precisamente, de demostrar que el control fiscal no es un instrumento de retaliación política ni una recompensa burocrática. Colombia necesita una Contraloría que controle al poder, no una Contraloría que pertenezca a un poder.
Petro y el difícil tránsito hacia la oposición
Y mientras el nuevo Gobierno comenzaba su gestión, Gustavo Petro solicitó autorización para salir del país durante un año. El expresidente tiene, naturalmente, derecho a viajar y a ejercer oposición. La democracia no exige silencio a quien abandona el poder. Pero sí exige reconocer el cambio institucional. El 7 de agosto terminó el Gobierno Petro. Comenzó el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La oposición tendrá que ejercer su papel sin desconocer esa realidad. Petro conserva influencia política y capacidad de movilización. Lo que ya no conserva es la responsabilidad de dirigir el Estado. Ese límite resulta fundamental. Una democracia funciona cuando quienes pierden el poder aceptan que lo han perdido y quienes lo reciben entienden que no lo han recibido para siempre.
La verdadera prueba
Lo ocurrido durante estos días deja una conclusión mucho más amplia que cualquiera de los episodios particulares. Colombia tiene un problema de sensatez política. No es patrimonio de la izquierda ni de la derecha. Está en la reacción de quien convierte una tragedia en un mensaje burlón y también en la de quien intenta atribuir esa misma tragedia a la llegada de un presidente. Está en quien justifica automáticamente a los propios y en quien interpreta cualquier emergencia como una oportunidad para atacar al adversario.
La política necesita confrontación. La democracia necesita debate. La oposición necesita ser incómoda y el Gobierno necesita ser controlado. Pero todo eso tiene un límite. Ese límite es la realidad. Y la realidad esta semana fue la de un país golpeado por un terremoto, con comunidades necesitadas de ayuda y familias enfrentando pérdidas que ninguna discusión partidista puede reparar. Frente a eso, el País no necesitaba memes, teorías conspirativas ni defensas políticas. Necesitaba Estado. Necesitaba solidaridad.
Necesitaba funcionarios tomando decisiones correctas y dirigentes capaces de guardar silencio cuando correspondía. La nueva etapa política de Colombia apenas comienza. Ojalá también comience una etapa distinta en la forma de hacer política. Porque un país puede sobrevivir a una intensa disputa entre izquierda y derecha. Lo que no debería aceptar como normal es que, cada vez que ocurre una tragedia, algunos estén más interesados en ganar la discusión que en acompañar a quienes la están padeciendo.
La tierra tembló. La política también.
Lo que no debería seguir temblando es nuestra capacidad de distinguir entre adversarios y víctimas, entre debate y fanatismo, entre opinión y realidad.
Columna de. Juan Pablo Castillo
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