El occidente del país y el Eje Cafetero sufrieron el impacto de un devastador sismo de magnitud 7.4 con una profundidad de 96 kilómetros, catalogado por el Servicio Geológico Colombiano como el evento de mayor magnitud registrado en el siglo XXI. Las autoridades nacionales y locales se han desplegado de inmediato para atender la emergencia y coordinar las primeras labores de rescate en medio de una situación crítica que afecta a múltiples departamentos.
El balance preliminar consolidado por el gobierno nacional indica un trágico saldo de 111 personas fallecidas y 87 heridos en todo el territorio. Además, se contabilizan 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas y 61 edificaciones colapsadas, junto con daños estructurales severos en 18 centros de salud y 52 centros educativos. Las regiones con mayor número de víctimas mortales son el área metropolitana de Pereira, el Valle del Cauca, Chocó y Manizales.
En el municipio de San José del Palmar, epicentro del movimiento telúrico, la situación es extremadamente crítica debido a que la única vía de acceso está bloqueada por deslizamientos de tierra. La población permanece incomunicada, sin fluido eléctrico ni servicio de acueducto, mientras ambulancias con pacientes evacuados solicitan con urgencia el apoyo de helicópteros para salir del área afectada ante la imposibilidad de avanzar por tierra.
Cali presenta un panorama desolador con el colapso total de 26 edificaciones y afectaciones parciales en el Hospital Universitario y otros 9 centros de salud locales. El alcalde solicitó refuerzos urgentes de personal rescatista para atender a los ciudadanos atrapados bajo los escombros. Por su parte, en el área metropolitana de Pereira el impacto fue severo, obligando al cierre temporal del Aeropuerto Internacional Matecaña para garantizar la seguridad de los viajeros.
Otras zonas del territorio nacional también experimentaron graves consecuencias derivadas del fenómeno natural, como en Quibdó, donde la gobernación reportó múltiples heridos y cuantiosos daños estructurales en viviendas. En las principales ciudades del país se activaron protocolos preventivos; el sistema de transporte masivo Metro de Medellín suspendió su operación temporalmente, mientras que en Bogotá se habilitaron seis puntos oficiales para recibir donaciones destinadas a socorrer a las familias damnificadas.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres encabeza la coordinación operativa y las evaluaciones técnicas en áreas rurales de difícil acceso. Los equipos de búsqueda y rescate enfrentan un riesgo elevado debido a las más de 18 réplicas registradas, las cuales continúan afectando estructuras ya debilitadas por el sismo principal, dificultando las labores humanitarias y poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los organismos de socorro.
Ante la magnitud de la tragedia, la comunidad internacional ha manifestado su solidaridad con el país a través de pronunciamientos oficiales emitidos por gobiernos como los de Brasil, El Salvador e Israel, ofreciendo asistencia humanitaria y apoyo logístico especializado. Estas muestras de cooperación internacional buscan fortalecer las capacidades locales para enfrentar los innumerables desafíos que dejó el desastre natural en las diferentes regiones afectadas del territorio colombiano.
El presidente Abelardo De la Espriella asumió la dirección directa de la respuesta estatal desde un puesto de mando unificado, supervisando el despliegue logístico y la canalización de recursos hacia las zonas más golpeadas. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantener la calma, evitar la propagación de información no verificada y atender estrictamente las recomendaciones de seguridad mientras avanzan las tareas de reconstrucción y asistencia a los damnificados en todo el país.
