La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, conocida como ADRES, anunció la activación prioritaria de sus mecanismos financieros para garantizar el giro oportuno de los recursos destinados a la atención integral de las personas afectadas por el devastador sismo registrado el lunes 10 de agosto de 2026. La entidad ratificó su compromiso institucional con las familias damnificadas en las diferentes regiones del territorio nacional.
Ante la magnitud de la tragedia humanitaria provocada por el movimiento telúrico, la institución recordó que efectúa dos tipos principales de reconocimientos económicos dirigidos a las víctimas. El primer componente abarca el pago directo de indemnizaciones monetarias y gastos funerarios destinados a los familiares de las víctimas mortales por catástrofes naturales, así como a aquellos ciudadanos que presenten condiciones de incapacidad permanente tras el desastre natural.
Para la materialización de los pagos por fallecimiento o incapacidad, la normativa exige que los trámites cuenten con una certificación previa expedida directamente por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el lugar de los hechos. Este requisito administrativo busca agilizar la entrega de los auxilios económicos a los hogares que cumplen con las condiciones estipuladas por la ley vigente.
El segundo componente gestionado por la entidad comprende el cubrimiento financiero de los servicios médicos prestados a los heridos, incluyendo urgencias hospitalarias, intervenciones quirúrgicas, procesos de internación, terapias de rehabilitación y los traslados en ambulancia hacia los centros asistenciales. En estos casos específicos, las Instituciones Prestadoras de Salud se encargan de realizar los recobros correspondientes ante la administración central.
La entidad detalló que su equipo técnico evalúa rigurosamente la pertinencia médica, jurídica y financiera de cada una de las facturas radicadas antes de autorizar el desembolso de los recursos públicos. Asimismo, la administración aclaró formalmente que estos mecanismos institucionales de cobertura están diseñados exclusivamente para salvaguardar la salud humana, por lo que no contemplan compensaciones por daños materiales ni pérdidas en infraestructuras físicas.
Para lograr el reconocimiento efectivo de estas prestaciones económicas, los ciudadanos deben acreditar plenamente que las afectaciones sufridas guardan relación directa con el evento catastrófico. Esto implica cumplir con la presentación de la documentación requerida, entre la cual destaca la certificación oficial emitida por el Consejo Municipal o Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres de la zona afectada.
Como parte de su estrategia de apoyo, la entidad habilitó sus plataformas digitales y canales institucionales de atención para recibir las reclamaciones de las personas naturales perjudicadas. Los interesados pueden consultar la guía detallada de procedimientos a través del sitio web oficial de la organización o escribir directamente a los correos electrónicos dispuestos para resolver dudas normativas sobre el trámite de solicitudes.
Las directivas de la organización reiteraron que toda la capacidad operativa se encuentra volcada en garantizar una respuesta financiera rápida y transparente frente a la emergencia nacional. Las autoridades sanitarias confían en que el flujo oportuno de estos recursos contribuirá a sostener la operatividad de la red hospitalaria y a brindar un alivio económico efectivo a los colombianos durante esta compleja coyuntura.
