El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud de medida cautelar presentada por la Procuraduría General de la Nación para suspender los desembolsos económicos del convenio suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Imprenta Nacional Casa da Moeda de Portugal, al concluir formalmente que no se acreditaron los requisitos legales necesarios para adoptar dicha decisión jurídica durante la vigencia actual.
La demanda pretendía frenar los pagos previstos en el acuerdo contractual internacional; sin embargo, mediante un auto emitido el 27 de julio de 2026, la corporación judicial determinó que la entidad demandante no logró demostrar la apariencia de buen derecho ni presentó un estudio técnico o financiero riguroso que sustentara el presunto riesgo patrimonial alegado en contra del erario público colombiano.
En su providencia oficial, el alto tribunal advirtió que el convenio cuenta con un sólido respaldo normativo en el parágrafo primero del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, disposición legal que autoriza expresamente la celebración de acuerdos de cooperación con entidades extranjeras de derecho público para optimizar los procesos estratégicos del Estado y garantizar la eficiencia institucional en el territorio nacional.
Asimismo, los magistrados señalaron que ordenar la suspensión de los desembolsos monetarios habría generado un impacto negativo muy grave sobre la continuidad del servicio público esencial de expedición de documentos de viaje, afectando directamente el ejercicio del derecho fundamental a la libre circulación que asiste a millones de ciudadanos colombianos tanto dentro del país como en el exterior.
El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su absoluto respeto por esta importante decisión judicial, destacando que representa el primer pronunciamiento jurisdiccional que evalúa positivamente los sólidos fundamentos jurídicos y técnicos que sustentan la implementación del nuevo modelo de producción y personalización de pasaportes en marcha bajo los estándares internacionales establecidos para el periodo en curso.
La administración ministerial recordó que este esquema innovador forma parte de una política pública orientada a fortalecer de manera definitiva las capacidades estatales mediante la transferencia efectiva de tecnología, la capacitación técnica del personal y la incorporación progresiva de infraestructura especializada para que la nación asuma el control total en la elaboración de sus credenciales oficiales.
Como resultado directo de esta estrategia de cooperación internacional, el país ya dispone de la infraestructura tecnológica necesaria para la personalización de los documentos migratorios, avanzando de forma sostenida en el desarrollo de las competencias operativas requeridas para consolidar la producción nacional independiente dentro de los plazos previstos por las autoridades competentes del gobierno central y del sector diplomático.
Las directivas de la cancillería reiteraron su invariable compromiso con el respeto absoluto hacia las decisiones emitidas por la Rama Judicial, la estricta defensa jurídica de las actuaciones estatales y la continuidad permanente de un servicio indispensable para la ciudadanía, garantizando transparencia institucional y eficiencia administrativa en cada uno de los procesos adelantados por la entidad pública.
