La Secretaría Distrital de Movilidad se pronunció ante la reciente apertura de un proceso de responsabilidad fiscal iniciado por la Contraloría de Bogotá, el cual examina las consultas realizadas al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) durante el periodo comprendido entre 2021 y 2024. La entidad aclaró que esta etapa corresponde únicamente a una actuación fiscal preliminar, lo que significa que aún no existe una decisión definitiva sobre un presunto detrimento patrimonial ni una responsabilidad imputable a los involucrados.
El organismo distrital enfatizó su total disposición para colaborar activamente con el órgano de control, entregando toda la información requerida para que el proceso avance con la transparencia necesaria hasta su conclusión. Según la Secretaría, las notificaciones de este procedimiento fueron enviadas a exdirectivos y antiguos contratistas que desempeñaron funciones durante el lapso objeto de revisión, quienes dispondrán de todas las garantías legales para ejercer su derecho a la defensa y contradicción ante las autoridades competentes.
Es fundamental precisar que las consultas al RUNT no son operaciones discrecionales, sino procedimientos contemplados estrictamente en la normativa vigente. Estas acciones son indispensables para el ejercicio de las funciones de control y la gestión de actuaciones administrativas, como la imposición de comparendos y otros trámites de tránsito. La entidad aclaró que el volumen y el tipo de información requerida en estas diligencias corresponden a consultas oficiales de datos técnicos específicos para la operación.
La Secretaría distinguió claramente estas gestiones institucionales de la consulta gratuita que se encuentra a disposición del público general. Mientras que la ciudadanía utiliza el RUNT para fines informativos básicos, la entidad realiza consultas técnicas de alta capacidad necesarias para sustentar procesos administrativos de gran complejidad. Esta distinción es un punto clave que será aportado al expediente para esclarecer el rigor técnico aplicado durante la ejecución de las funciones de movilidad en el periodo analizado.
El proceso de auditoría es visto por la administración como una oportunidad para reafirmar su compromiso con la correcta administración de los recursos públicos. La Secretaría Distrital de Movilidad reiteró que su gestión se rige por principios de austeridad, legalidad y eficiencia operativa. La entidad se mantendrá vigilante durante todas las etapas de la investigación, garantizando que el flujo de información hacia la Contraloría sea oportuno, completo y veraz para facilitar el análisis de los peritos encargados.
El enfoque central de la defensa institucional radicará en demostrar que cada consulta realizada al registro cumplió con los fines misionales y los procedimientos legales establecidos en su momento. La Secretaría confía en que, tras el análisis técnico y jurídico de las pruebas documentales y los soportes de los sistemas informáticos, se podrá determinar la inexistencia de irregularidades. La transparencia en el manejo de estas plataformas digitales es una prioridad para la gestión de la movilidad en Bogotá.
En los meses venideros, los organismos de control y los funcionarios señalados deberán presentar sus argumentos para aclarar el curso de las actuaciones administrativas. Por ahora, el servicio de movilidad y la atención a la ciudadanía continúan operando bajo los parámetros normales establecidos por el distrito. La Secretaría asegura que su equipo jurídico trabaja de forma paralela en la respuesta técnica necesaria para sustentar la legalidad de todas las actuaciones que fueron objeto de auditoría durante esos años.
Esta actuación de la Contraloría se suma a las dinámicas de control fiscal que buscan fortalecer la probidad en las entidades distritales de la capital. La Secretaría Distrital de Movilidad confía en que los resultados finales de este proceso aportarán claridad a la opinión pública sobre la naturaleza de sus funciones y la rigurosidad con la que se gestionan los datos oficiales. El respeto por la normativa y el seguimiento de los lineamientos éticos son los pilares que guían la respuesta institucional.
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Bogota
