El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, emitió un pronunciamiento contundente respecto a los audios conocidos públicamente que involucran al excomisionado de paz, Danilo Rueda, en presuntos contactos con el Clan del Golfo durante el año 2022. Ante el cuestionamiento sobre la posible afectación a la misión constitucional de la Fuerza Pública y la administración de personal en ese periodo, el jefe de la cartera de defensa precisó que el funcionario ejercía sus funciones bajo una dependencia adscrita directamente al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
El ministro Sánchez subrayó que, al momento de los hechos mencionados, la titularidad del Ministerio de Defensa recaía en el doctor Iván Velásquez, por lo cual instó a que las explicaciones particulares sobre la gestión institucional de aquel periodo sean entregadas por quienes ostentaban dichas responsabilidades en su momento. La actual administración busca deslindar cualquier vínculo con actuaciones que habrían ocurrido antes de la asunción de su mandato, reafirmando que su gestión, iniciada el 3 de marzo de 2025, se rige por principios de transparencia.
Frente a la veracidad de las grabaciones, el alto funcionario señaló que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control determinar el alcance jurídico y las posibles responsabilidades penales o disciplinarias derivadas de los audios. El Ministerio de Defensa ha manifestado su disposición total para colaborar con las autoridades competentes, entregando de manera diligente toda la información técnica y documental que sea requerida para garantizar una investigación rigurosa, objetiva e independiente en favor de la verdad.
El titular de Defensa expresó un respaldo absoluto a los integrantes de la Fuerza Pública que pudieron verse afectados en su honra, buen nombre o desarrollo profesional a raíz de estos hechos bajo investigación. En este sentido, la institución se comprometió a brindar todo el acompañamiento necesario dentro del marco legal vigente. Asimismo, se hizo una invitación pública a los ciudadanos que posean información veraz, precisa y pertinente para que la suministren a la justicia o a través de la línea anticorrupción 157.
En su mensaje, el ministro Sánchez reivindicó los resultados logrados desde su posesión en marzo de 2025, destacando un incremento significativo en la dinámica operacional y una contundencia renovada contra las estructuras criminales en todo el territorio nacional. Argumentó que su labor se ha caracterizado por la apertura total en los debates de control político en el Congreso de la República, respondiendo siempre con la verdad ante los entes de control y los diversos medios de comunicación del país.
La declaración enfatiza que la protección del honor y la integridad de los militares y policías constituye una línea infranqueable para la actual administración. El ministro reafirmó que el fortalecimiento de la legitimidad institucional ha sido un eje transversal de su gestión, orientada a recuperar la confianza de la ciudadanía en el sector defensa. Según el alto cargo, no se permitirá que actuaciones individuales del pasado empañen el sacrificio y el profesionalismo de los miles de uniformados que actualmente despliegan operaciones contra la criminalidad.
El pronunciamiento busca cerrar el debate sobre las responsabilidades pasadas, centrando la atención en la actual política de seguridad. Sánchez reiteró que su compromiso inalterable es con la justicia y la defensa de la institucionalidad, asegurando que los hechos ocurridos en 2022 deben ser esclarecidos por la justicia ordinaria sin que esto interfiera con el ritmo operativo actual. La claridad frente a la opinión pública es, según el ministro, una herramienta indispensable para mantener la coherencia y la legitimidad de las instituciones democráticas colombianas.
El mensaje cierra con una ratificación de los principios éticos que rigen al Ministerio de Defensa en la coyuntura actual. El ministro Sánchez aseguró que la lucha contra cualquier forma de irregularidad en el sector seguirá siendo una prioridad, garantizando que todos los procesos administrativos y operativos se mantengan bajo estándares de legalidad. Con estas declaraciones, el Gobierno nacional intenta evitar que el ruido político generado por los audios impacte la moral de las tropas o el desarrollo de las estrategias de seguridad.
