El Ministerio de Minas y Energía oficializó el balance de gestión del cuatrienio, destacando avances históricos en la expansión de renovables y la reducción de la pobreza energética. No obstante, el titular de la cartera, Edwin Palma Egea, calificó como una acción irresponsable la decisión del equipo entrante de suspender el proceso de empalme técnico. El ministro advirtió que esta medida pone en riesgo la coordinación institucional necesaria ante la proximidad de un nuevo Fenómeno de El Niño.
La actual administración deja estructuradas más de 50 medidas técnicas diseñadas para preservar la confiabilidad del sistema eléctrico y garantizar el suministro de gas. Según Palma, la seguridad energética no debe quedar sujeta a improvisaciones políticas, especialmente cuando se han dejado listos protocolos detallados para enfrentar episodios de estrés climático. El mensaje central es que la estabilidad del sistema nacional depende de una transición ordenada y del conocimiento preciso sobre la operación técnica del sector.
En materia de capacidad instalada, el país pasó de tener 200 megavatios solares en 2022 a cerca de 4.400 megavatios, representando un crecimiento superior al 2.200 %. Esta expansión masiva de energías limpias permitió aportar más de 12.000 gigavatios-hora al Sistema Interconectado Nacional, optimizando el uso de recursos hídricos y reduciendo la dependencia térmica. Estos cambios estructurales derivaron en ahorros estimados de 2,78 billones de pesos y una disminución palpable en el precio promedio de la energía en bolsa.
La planeación sectorial también registró hitos inéditos con la realización de dos subastas de expansión de generación en un solo periodo presidencial. Además, la Unidad de Planeación Minero Energética impulsó un paquete de obras urgentes por 1.500 millones de dólares para fortalecer la red eléctrica, con especial énfasis en el Caribe. Estas inversiones buscan superar rezagos históricos en transmisión y asegurar que la infraestructura acompañe el crecimiento de la demanda energética nacional a largo plazo.
El impacto social ha sido uno de los pilares de este mandato, logrando que 1,4 millones de colombianos superen la pobreza energética. Programas de electrificación rural, soluciones fotovoltaicas y la masificación del gas natural permitieron que, en promedio, 1.900 personas obtuvieran servicios dignos cada día. Este despliegue fue reconocido por organismos como la OCDE, que señaló a Colombia como una de las economías con menor inflación energética gracias a las eficiencias regulatorias aplicadas durante el ciclo administrativo.
La hoja de ruta entregada por la entidad abarca la diversificación de la importación de gas con proyectos estratégicos en puntos clave como Buenaventura y La Guajira. Asimismo, se logró la reactivación de la integración eléctrica con países vecinos y el impulso definitivo a la interconexión con Panamá, proyecto estancado por dos décadas. La regulación del almacenamiento de energía y la democratización mediante Comunidades Energéticas completan un legado que, a juicio del ministro, debe tener continuidad institucional.
El tono de la rendición de cuentas fue tajante al señalar que el sector energético hoy es más sólido que hace cuatro años. El ministro Palma enfatizó que el sistema recibido en 2022 presentaba carencias críticas en expansión y transmisión, mientras que el actual sistema cuenta con más herramientas para blindar al país ante los desafíos climáticos. La advertencia del titular de Minas es clara: la prioridad del nuevo gobierno debe ser la técnica por encima de cualquier sesgo ideológico sobre el modelo energético.
La entrega de la información técnica representa una obligación ineludible que trasciende los periodos presidenciales. La autoridad minero-energética instó a los sucesores a valorar los datos operativos disponibles para garantizar que los hogares colombianos no vean afectada su tranquilidad. El cierre de esta gestión deja un sistema preparado para los retos venideros, donde la continuidad de la estrategia trazada resulta crucial para sostener la soberanía y la competitividad económica de todo el territorio nacional.
