En cumplimiento estricto de lo ordenado por la Ley 2378 de 2024, fueron elegidos 2 representantes por cada organización con sus respectivas suplencias, que integran la Mesa Técnica Intersectorial y Regional, instancia responsable de acompañar la construcción de dicha política pública de Mercadeo Agropecuario. Los elegidos, en paridad de género, hombres y mujeres resultaron seleccionados entre un total de 23 participantes: 16 de organizaciones campesinas y 7 de gremios del sector agropecuario, quienes compitieron de manera transparente en igualdad de género y de condiciones durante esta jornada.
Este hito institucional representa un paso decisivo hacia la instalación formal de la Mesa, un espacio de articulación entre el Gobierno nacional, gobiernos territoriales, las entidades del sector agropecuario y las organizaciones que representan a los campesinos y campesinas del país, con el fin de definir estrategias, prioridades y mecanismos que optimicen el proceso de mercadeo agropecuario en sus tres componentes fundamentales: ordenamiento productivo, logística agropecuaria y comercialización eficiente para todas las regiones productoras de la nación.
Más allá de un procedimiento netamente formal, esta etapa constituye una apuesta institucional por elevar los estándares de garantía de los derechos de los campesinos y de sus organizaciones, así como de las organizaciones gremiales, reconociendo su papel histórico innegable en la producción de alimentos y su derecho inalienable a participar en la definición de las políticas públicas que afectan directamente su actividad económica y su forma de vida en el territorio nacional.
Con la culminación de esta fase, el proceso avanza directamente hacia la instalación formal de la Mesa Técnica Intersectorial y Regional, que reunirá al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quien la lidera y coordina, junto con entidades clave como la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, el Instituto Colombiano Agropecuario, la Agencia de Desarrollo Rural y otras entidades del orden nacional y territorial, en estricta articulación con los delegados campesinos y gremiales recién elegidos.
Una vez instalada formalmente, la Mesa tendrá la tarea prioritaria de avanzar sin pausa en la formulación y adopción definitiva de la Política Nacional de Mercadeo Agropecuario, con un fuerte enfoque territorial, orientada específicamente a mejorar la productividad regional, reducir la intermediación injustificada en las cadenas de valor y garantizar canales de comercialización justos, rentables y estructurados para beneficio absoluto de todo el campo colombiano durante el periodo actual.
La conformación de esta importante Mesa se ha desarrollado a través de un cronograma ampliamente socializado y verificable, diseñado para garantizar la absoluta transparencia y la auto conformación de la representación democrática por parte de las propias organizaciones del sector agropecuario. Entre las fases surtidas se encuentran la inscripción abierta de aspirantes, la verificación detallada de requisitos e inhabilidades, y la publicación del listado definitivo de candidatos habilitados en todo el territorio.
Cada una de estas etapas operativas ha buscado incansablemente garantizar el mayor número posible de participantes, de manera que sean las propias comunidades y organizaciones rurales quienes definan, de forma completamente autónoma, a sus voceros oficiales ante este escenario técnico especializado. Esta dinámica participativa fortalece la gobernanza agraria y consolida un puente de diálogo directo entre las bases campesinas y las instituciones del Estado encargadas de regular y dinamizar los mercados en el país.
El proceso consolida un modelo de gestión participativa que continuará bajo la veeduría de las comunidades rurales y las veedurías ciudadanas acreditadas, asegurando que los compromisos pactados en el marco del Decreto 0765 de 2026 se traduzcan en acciones concretas y efectivas para los productores agrarios. Las autoridades competentes reiteraron su compromiso institucional de mantener abiertas las vías de comunicación y seguimiento técnico hasta completar la totalidad de las fases previstas en la normativa vigente.
