La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Maicol Alexis Castrillón Agudelo y Santiago de Jesús Gallo Zuluaga, señalados como los responsables de mantener privado de la libertad a un comerciante caleño en la ciudad de Medellín. La víctima fue atraída a la capital antioqueña el pasado 23 de junio mediante el engaño de concretar una transacción inmobiliaria para la explotación minera en el sur de Bolívar, una trampa que terminó en un secuestro extorsivo de siete días.
Al llegar al punto de encuentro en Medellín, el comerciante fue interceptado por un grupo de hombres que lo trasladó violentamente en un vehículo de servicio público hasta una vivienda ubicada en el barrio La Iguaná. Según el material probatorio recopilado por el ente investigador, el hombre fue intimidado con armas de fuego y despojado de sus pertenencias personales, valoradas en 15 millones de pesos, antes de quedar bajo el control total de sus captores en el inmueble.
Durante el cautiverio, los secuestradores contactaron a los familiares de la víctima para exigir el pago de 800 millones de pesos a cambio de su liberación. Esta presión económica fue el eje de la investigación que permitió al Gaula de la Policía Nacional rastrear la ubicación del lugar donde se encontraba retenido el comerciante. Tras una semana de angustia, las autoridades desplegaron un operativo coordinado que culminó con el rescate del hombre y la captura en flagrancia de Castrillón Agudelo y Gallo Zuluaga.
En el lugar de los hechos, las autoridades lograron incautar un arma de fuego, un supresor de sonido y un proveedor cargado con 12 cartuchos de calibre 9mm. Estos elementos, junto con los testimonios y labores de inteligencia, fueron fundamentales para presentar el caso ante un juez de control de garantías. El operativo reafirma la capacidad de respuesta de las unidades especializadas contra las organizaciones criminales ante modalidades delictivas que utilizan falsas ofertas comerciales como señuelo.
Un fiscal del Gaula, perteneciente a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, imputó a los dos detenidos por los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y fabricación, tráfico o porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Todas las conductas fueron agravadas dada la naturaleza del secuestro y la organización que demostraron los implicados para ejecutar el plan criminal contra el ciudadano.
Aunque los procesados se declararon inocentes y no aceptaron los cargos durante la audiencia de imputación, el juez de control de garantías consideró que representaban un peligro inminente para la seguridad ciudadana. En consecuencia, ordenó que ambos sujetos sean trasladados a un centro carcelario para que cumplan con una medida de aseguramiento intramural mientras avanza el juicio. La decisión busca evitar que los individuos reincidan en actividades similares mientras el caso sigue su curso legal.
Este caso sirve como una advertencia para la ciudadanía sobre los riesgos asociados a los negocios de tierras o grandes transacciones comerciales coordinadas con desconocidos en ciudades distintas al domicilio de los interesados. Las autoridades recomiendan verificar rigurosamente la procedencia de las ofertas y, ante cualquier sospecha, informar de inmediato a la línea 165 del Gaula. La colaboración temprana de la familia de la víctima fue un factor determinante para que el rescate se lograra sin daños irreparables contra el comerciante.
La Fiscalía General de la Nación mantiene abierta la investigación para identificar a otros posibles integrantes de esta banda criminal que estarían detrás de la planeación y logística del falso negocio. La judicialización de estos dos individuos es un avance importante en la lucha contra la extorsión en el Valle de Aburrá, donde las autoridades redoblan esfuerzos para desmantelar estructuras que aprovechan el sector inmobiliario para cometer delitos de alto impacto.
