Imputado hombre vinculado a presunta red de corrupción en Villa de Leyva

 

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Juan Camilo Sánchez Torres por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con una contratación irregular en Villa de Leyva, Boyacá. Según el ente investigador, el hombre habría sido beneficiado con un contrato de prestación de servicios mediante la intermediación ilícita del alcalde municipal, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, quien presuntamente presionó a una empresa inversionista para asegurar la vinculación laboral del señalado.

Los hechos se remontan al 8 de junio de 2025, cuando el mandatario local solicitó a la representante legal de una compañía constructora que contratara a Sánchez Torres bajo la premisa de asesorar la modificación de una licencia inmobiliaria. La investigación determinó que el beneficiado, quien es publicista de profesión, carecía de cualquier experiencia técnica en ingeniería o procesos de licenciamiento, lo que evidenció el carácter irregular del vínculo contractual establecido entre las partes involucradas.

Apenas cinco días después de la firma del contrato, el alcalde habría intensificado sus presiones hacia la empresa inversionista mediante mensajes de texto. En dichas comunicaciones, el funcionario exigió un incremento salarial para su referido, logrando que el pago mensual aumentara en tres salarios mínimos. Este aumento, según la Fiscalía, se concretó sin que existiera una justificación técnica o profesional que sustentara el valor adicional entregado al contratista por parte de la firma constructora.

El material probatorio sugiere que Sánchez Torres no cumplió funciones reales de asesoría para la empresa, sino que actuó como un enlace estratégico para el alcalde. Su labor principal habría consistido en informar detalladamente al mandatario sobre los avances del trámite de ampliación de la licencia inmobiliaria, garantizando que el funcionario tuviera control total sobre el proceso. Entre junio de 2025 y abril de 2026, el imputado recibió honorarios superiores a los 48 millones de pesos sin aportar valor real.

Por estas actuaciones, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó formalmente el delito de concusión. La investigación continúa para determinar el alcance total de las presiones ejercidas por el alcalde Gamboa Chaparro y el grado de responsabilidad de otros funcionarios que pudieron haber participado en la facilitación de este esquema de contratación dirigido. Este caso resalta la necesidad de vigilancia constante sobre los procesos de licenciamiento urbanístico en municipios turísticos del país.

El proceso judicial busca sentar un precedente sobre el uso indebido de las facultades de los alcaldes para favorecer a terceros con recursos del sector privado. La Fiscalía ha enfatizado que este tipo de prácticas distorsionan la administración pública y afectan la confianza de los inversionistas en los municipios. Las autoridades han manifestado que seguirán recaudando evidencias para asegurar que la corrupción en la gestión territorial sea castigada con todo el rigor de la ley penal vigente.

Esta imputación es de especial interés para la comunidad de Villa de Leyva, la cual ha expresado su preocupación por posibles conflictos de intereses en la aprobación de proyectos urbanísticos de gran escala. La transparencia en el manejo de las licencias de construcción es fundamental para preservar el patrimonio histórico y cultural del municipio. El caso contra Sánchez Torres es apenas una parte de una serie de investigaciones que buscan aclarar la gestión administrativa en el actual periodo gubernamental local.

La Fiscalía General de la Nación mantiene el compromiso de proteger los intereses de la ciudadanía frente a cualquier acto que comprometa la probidad de los servidores públicos. Se espera que en los próximos meses se lleven a cabo nuevas audiencias donde se definirá la situación jurídica del alcalde y otros implicados en este entramado. La justicia colombiana reafirma así su capacidad de acción para desarticular esquemas de corrupción que operan en los niveles locales de la administración.

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